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Siete Puntos

Justicia con legalidad

Siete Puntos

Justicia con legalidad

1. No siempre lo legal es justo. El salario mínimo, por ejemplo, que paga un empresario, es conforme a la ley. El empleador no pude otorgar a su trabajador una cantidad menor a la estipulada. Pero eso no significa que tal monto sea justo, si se analizan otros componentes como las necesidades familiares de una persona. De ahí que la retribución ínfima ha pasado a ser, en muchos casos, sólo un tabulador: hay oficios por los que se entregan varios salarios mínimos, así como algunas multas están tasadas con ese parámetro.

2. Lo cierto es que la aplicación justa de un decreto nos puede permitir superarla, no abolirla, como en el caso referido de los emolumentos. Un patrón no puede contentarse, entonces, con cumplir las disposiciones oficiales. Necesita aspirar, al menos, a ser justo en sus retribuciones y a cumplir las leyes fiscales que le obligan a pagar impuestos. No puede argumentar que esos dictámenes son injustos, Hay instancias adecuadas que se dedican precisamente a eso: hacer que los preceptos sean justos, y tenemos una Constitución que es la fuente de las demás legislaciones.

3. Parece que en Palacio Nacional no se comparten estas reflexiones. Por el contrario. Fincada en la legítima aspiración de acabar con la corrupción y la impunidad, la 4T cree que sus propuestas, intenciones y políticas públicas, todas según ella encaminadas a aliviar la pobreza de millones, están por encima de los estatutos. Ya en una ocasión el primer mandatario dijo: "no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley", en referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se debatía la Ley de la Industria Eléctrica.

4. Ahora se minimiza la fuerza legal de la Carta Magna con el asunto de la Guardia Nacional. Pese a que apenas en 2019 la bancada de Morena y sus partidos aliados impulsaron la reforma al artículo 21 constitucional, que reza: "... la Guardia Nacional estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública", por lo que, no podría pertenecer a la Secretaría de la Defensa, es decir, al Ejército; ahora resulta que se quiere saltar ese precepto constitucional. La certeza de que el país necesita reforzar su seguridad...

5. ... con la incorporación de esa nueva entidad a las Fuerzas Armadas, se sobrepone a lo mandado por una modificación constitucional... ¡que ellos mismos forzaron para ser aprobada! La voluntad de llevar a cabo un determinado proyecto político no quiere someterse a legislaciones que, en opinión de esos protagonistas, entorpece su operación. De suerte que la Constitución ya no aparecerá como la norma máxima de comportamiento civil en nuestro país, sino como un instrumento que debe sujetarse a los dictados de los actuales gobernantes.

6. Pues no. Aunque no siempre lo legal es justo, tampoco lo justo tiene por qué ser ilegal. La justicia está para darle plenitud a la legalidad, no para abolirla. Y esto es lo que no parece compartir la 4T. Atención. O estamos ante una soberbia que no acepta contrapesos institucionales, o ante un autoritarismo despótico. El presidente juró, al protestar como jefe del Ejecutivo, cumplir y hacer cumplir lo que manda la Carta Magna de la nación. Él y sus seguidores, entonces, tendrían que ser los primeros en hacerlo, y no quienes propongan su vulneración.

7. Cierre icónico. En la Mañanera de ayer, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que una empresa de origen norteamericano podría sumarse a las labores de rescate de las 10 personas atrapadas en la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila. Qué bueno que se busca ese apoyo. Pero: ¿por qué dos semanas después de que se dio el percance? ¿Por qué no al día siguiente, o dos días después? ¿Por qué el negocio de las minas, con sus correspondientes tragedias, es intocable desde hace décadas?

papacomeister@gmail.com

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