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Pensando en la gente

La corrupción carcome a Nuevo León

Pensando en la gente

La corrupción carcome a Nuevo León: impunidad y simulación

Los políticos hablan mucho, pero actúan poco. En público se indignan por los actos de corrupción, pero en privado son complacientes y hasta “tapaderas”. Dicen que trabajan por los ciudadanos pero sólo obedecen a sus jefes, quienes están detrás de la orquestación de los delitos y quienes se benefician con los recursos que pertenecen a la comunidad.  Prometen actuar en contra de la corrupción pero ese es su modus vivendi, esto es, se empeñan en seguir engañándonos con palabras vacías y acciones espectaculares que no surten ningún efecto positivo. Apostándole a que el tiempo sea su mejor aliado y la gente pronto se olvide de las tranzas y los malos manejos de los funcionarios corruptos.

A continuación referiremos los actos más escandalosos con que cerró la administración de Jaime Rodríguez Calderón, los cuales siguen sin resolverse y el gobierno actual sin mostrar signos de que esté actuando en la dirección correcta. 

1. El Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado (Fovileón) estuvo inmerso en una cadena de malos manejos de parte de funcionarios que se aprovecharon de las necesidades de vivienda de los empleados estatales, exigiéndoles cobros por tramitar sus créditos. El 13 de octubre de 2021, El Horizonte publicó una declaración del actual gobernador, Samuel García, qué cuestionaba: “¿qué hace este fideicomiso? Ayuda a los burócratas a obtener una vivienda digna; presta, da créditos, y nos llega una denuncia diciéndonos que están pidiendo comisiones ilegales por el préstamo, ‘si te presto, pero como es a mi discreción, te prestó sí, sólo si sordeado me das de un 7% a un 15% de moche’”. Señaló que ya presentó esta denuncia a la Fiscalía General del estado. ¿Que ha pasado hasta ahora? ¡Absolutamente nada!

2. En materia de salud, el exsecretario del ramo, Manuel De la O, y su equipo de colaboradores en lugar de estar ocupados y preocupados por el Covid, presuntamente estuvieron enfocados a cobrar dinero a diestra y siniestra a los negocios como bares, restaurantes, antros y similares para que se mantuvieran abiertos durante la pandemia. El 12 de octubre, el mandatario estatal mencionó a El Horizonte que esto “era un cáncer, desde la oficina de Regulación Sanitaria se hacían locos para no visitar a los negocios que estaban en la lista que daban el moche para permitir fumar, yo les decía que por casino pedían $2 millones mensuales, pero hay un sinnúmero de comercios, y digo sinnúmero, porque ahora sí que depende del sapo la pedrada, un restaurante de primer nivel siempre lleno $200,000 a $300,000 mensuales; una fondita o un bar tranquilón modesto de $50,000 a $100,000”;  también hace la aclaración el gobernador: “había todo una red de cobro de piso, ahora sí que salieron más malandros los del gobierno que ni los mismos malitos”. En 2020, la cámara industrial de los restauranteros, Canirac, denunció que la Secretaria de Salud del estado acosaba sus negocios y aplicaba clausuras a restaurantes y les ponían multas de hasta $500,000 pesos. A mi oficina llegó un propietario y me comentó que tuvo que cerrar su negocio porque le pusieron una multa impagable, ya que un negocio vecino le dio un moche a la dependencia de salud para que lo cerrara porque era su principal competencia. A estos señores sí que el Covid les vino como anillo al dedo. 

3. Siguiendo con el tema de salud, el 25 de octubre, el gobernador actual destapó un fraude millonario en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Isssteleón, al denunciar que los presuntos sobrinos del exsecretario General de Gobierno, Manuel González, obtuvieron contratos en este instituto por $4,900 millones de pesos, de 2015 a 2021. Dicho con toda propiedad, era un contrato leonino, una especie de seguro, pero un seguro falso donde le daban a un contratista la función de intermediario para subrogar hospitales privados, en lugar de que el gobierno negociara directamente con los centros de atención médica. El presunto fraude consistía en que el Isssteleón contrató ilegalmente a dos empresas que son propiedad de Manuel y Javier Flores Martínez, presuntos sobrinos directos del exsecretario de gobierno, se trata de las empresas Servicios Médicos de Emergencia y Sainar Médica. Se rescindieron los contratos y ahora la primera empresa ha demandado al gobierno estatal por dicha cancelación, exigiendo la suma de $522 millones de pesos por los pasivos que ya tenía con el organismo, además de lo que faltaba por cubrirse del contrato. Lo peor es que posteriormente el Isssteleón adjudicó el mismo servicio a otra empresa del mismo dueño, por eso el gobernador indignado señaló: “por supuesto, acciones penales contundentes y contra todos los servidores públicos que cometieron ilegalidades”.   

Estas irregularidades se habían detectado desde el proceso de transición, el 27 de septiembre los diputados locales presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción del estado. El 5 de octubre, el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, solicitó más información sobre el caso, señalando que el plazo para tal diligencia vencía el 19 de octubre. Sin embargo, a pesar de este quebranto a las finanzas públicas, al día de hoy no ha pasado nada.

4. Quienes se encargan de cometer toda esta serie de fraudes saben que no se va a actuar en contra de ellos, que todo es un show mediático, donde se hace como que se actúa pero sin actuar de verdad. Saben que cuando el asunto llegue, en el caso de que suceda, al fiscal Anticorrupción, éste está maniatado por los políticos, ya que a pesar de que por ley es un órgano desconcentrado con autonomía y recursos propios, lo tienen prácticamente con un pie en el cuello, porque no dispone de recursos y debe seguir las indicaciones que le señalen “sus patrones”. Su inacción y falta de voluntad para meter en cintura a los políticos queda demostrada luego de que en tres años y medio de operaciones, el órgano anticorrupción se encuentra ahogado en la burocracia, falta de andamiaje jurídico y descoordinación. Solamente el 2.3% de las denuncias concluyeron en sentencias, y ninguna de ellas implicó a funcionarios de alto nivel. De 2019 a 2020, esta fiscalía recibió 114 denuncias, 11 investigaciones se siguieron de oficio, tres sentencias condenatorias que todavía están recurridas y los resultados son cero sentencias condenatorias que han causado estado y no existe ningún procedimiento iniciado por vía de extinción de dominio.

Estos políticos son un auténtico clan, su finalidad es protegerse entre ellos, aparentar hacer justicia, pero al final no hacen nada y para “oxigenar” el descontento social actúan aparentando una gran molestia cuando encuentran un acto de corrupción y lo que hacen es magnificarlo, aparentar enojo, con bombo y platillo lo denuncian en una instancia incompetente para que después de un tiempo llegue a la Fiscalía Anticorrupción y ahí ya saben que la impunidad está 100% garantizada.

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