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Mirada de León

Los ´perrhijos´ ¿tienen derechos?

Mirada de León

Los ´perrhijos´ ¿tienen derechos?

El pasado miércoles 5 de enero de 2022, el papa Francisco mencionó en la primera Audiencia General del Año desde el Vaticano que "hoy vemos una forma de egoísmo, vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar". Desde luego, sus declaraciones fueron blanco de críticas lanzadas principalmente por los que están en pro de los derechos de los animales y, por si fuera poco, el mismo día España reconoció a los animales como "seres sintientes".

En los últimos años se ha generalizado, sobre todo en las ciudades más desarrolladas del país, una cultura proteccionista de los animales que va más allá de estar en contra del maltrato directo, su alcance ha llegado al grado de considerar a las mascotas como un auténtico miembro más de la familia, lo que se traduce en brindarle a éstas, principalmente perros, una protección y cuidado equiparable a la que los padres brindan a sus hijos, de ahí el pseudónimo de "perrhijos". 

Mientras en México se defiende ideológicamente el cuidado y protección de las mascotas, en otros países es parte de su regulación obligatoria, tal es el caso de Suiza que exige que todos los perros lleven microchip y estén registrados en una base de datos central. En otros lugares como Canadá se impone a los dueños de mascotas obligaciones consistentes en cuidados orientados a lograr el bienestar animal, como la obligación de sacarlos a pasear por ejemplo.  

Pero ¿cuál es la situación legal de las mascotas en México?  Fuera de la fauna silvestre, en nuestra Constitución no existe regulación alguna en relación a los animales, tampoco se desprende la obligación de regular dicha materia ni por la Federación ni por los estados de la República.  

En el año 1978, la Liga Internacional de los Derechos del Animal proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ésta ha sido aprobada por la ONU y UNESCO, México también la ha adoptado; sin embargo, esta regulación es lo que se conoce como "softlaw"; existe, es reconocida, pero no es vinculante (obligatoria) para las autoridades, así que por sí misma es insuficiente para sostener la existencia de derechos exigibles a favor de los animales. 

Con todo, en el año 2018 nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un asunto en el que una asociación de galleros impugnó una reforma que realizó el Congreso del estado de Veracruz a la Ley de Protección a los Animales. El asunto llegó a la corte porque se tildaron de inconstitucionales las reformas a la aludida ley.

En lo que interesa, la reforma consistió en modificar ciertos artículos de la ley, en ellos se estableció medularmente la prohibición de las peleas de gallos. 

La asociación de galleros alegó que dicha reforma afectaba su derecho a la cultura, libertad de trabajo y el derecho a la propiedad. La Primera 

Sala de la SCJN realizó un análisis de los alcances de cada uno de esos derechos, concluyendo que si bien las peleas de gallos son una expresión cultural, ello no supone que sea una expresión cultural digna de protección constitucional porque supone el maltrato animal; al realizar un análisis sobre el derecho a la propiedad y libertad de trabajo, estimó que aunque la protección del bienestar de los animales no es una finalidad ordenada constitucionalmente, ello no supone que deba entenderse como prohibida, reiterando que ello obedece a que la protección del bienestar de los animales es una finalidad que puede limitar de manera legítima los derechos fundamentales de las personas.

El pronunciamiento de la corte tiene muchísima relevancia en relación a la protección de los animales, pues al ser un tema no tratado por nuestra constitución, podría pensarse que no es posible crear leyes que limiten el actuar de las personas con el fin de proteger a los animales, pues como se ha dicho, para nuestra legislación son una cosa más, de ahí que si alguien puede destruir sus cosas sin responsabilidad legal ¿por qué no habría de poder hacerlo con sus animales que también son cosas? 

Este precedente deja el camino abierto para que las legislaturas de los estados puedan regular sobre la protección de los animales.  

En el estado de Nuevo León, el maltrato o crueldad en contra de cualquier especie de animal doméstico está considerado como delito, su máxima penalidad es de seis meses de prisión, sustituible por tratamiento psicológico o por la prestación de trabajo a la comunidad.

Hasta hoy no podríamos afirmar que los animales ni los "perrhijos" tengan derechos, pero sí podemos decir que son objeto de derechos; es decir, son susceptibles de ser protegidos mediante leyes que busquen esa finalidad e incluso, para lograrlo, se podría justificar la limitación de derechos fundamentales de las personas.

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