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Opinión

No más discriminación a los migrantes

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No más discriminación a los migrantes

Las autoridades migratorias del país ya no podrán realizar revisiones aleatorias con el fin de comprobar la nacionalidad o estatus migratorio de las personas, esto a consecuencia de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 18 de mayo, en la que declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Migración. 

El tema comenzó en septiembre de 2015 cuando cuatro hermanos originarios del municipio de Ocosingo, Chiapas, pertenecientes a la comunidad indígena maya tzeltal, se encontraban viajando en autobús hacia Guaymas, Sonora, cuando fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).  

Los policías del INM actuaban en seguimiento al marco regulatorio de la Ley de Migración que permite a la autoridad realizar revisiones dentro del territorio nacional a fin de verificar la nacionalidad de los mexicanos o la legal estancia en el país de los extranjeros.  

Al realizar la revisión, se solicitó a los pasajeros que mostraran sus identificaciones para comprobar que fueran mexicanos, o bien, acreditaran su estatus migratorio en caso de ser extranjeros. Al solicitar su documentación a los hermanos originarios de Chiapas, éstos mostraron su credencial para votar, salvo uno que era menor de edad, quien exhibió una copia de su acta de nacimiento para justificar ser mexicano; sin embargo, esa documentación no fue suficiente para los agentes migratorios, quienes afirmaron que por sus rasgos seguramente los hermanos eran guatemaltecos; por ello, consideraron que los documentos mostrados eran falsos, de manera que fueron detenidos y puestos a disposición de la estación migratoria con sede en Querétaro. 

Al día siguiente la autoridad inició un procedimiento administrativo migratorio, le otorgaron alojamiento temporal en calidad de extranjeros a los hermanos y se les dio un término de 10 días para ofrecer pruebas de la legalidad de su estancia en el país. Los hermanos presentaron distintos documentos que probaron su nacionalidad mexicana y pertenencia a la etnia maya tzeltal, por ende, siete días después de su detención, la autoridad migratoria dictó una resolución mediante la cual ordenó su salida de la estación migratoria por haber probado plenamente su nacionalidad mexicana. 

Durante su estancia en la estación migratoria, los hermanos promovieron un juicio de amparo que posteriormente ampliaron para alegar la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Migración que permiten a la autoridad migratoria establecer retenes generales, en los cuales pueden verificar el cumplimiento de las normas en materia migratoria, sometiendo a revisión a todas aquellas personas que pasen por el lugar, solicitándoles que acrediten su nacionalidad mexicana o, en su defecto, su situación migratoria regular. 

El motivo de queja se basó fundamentalmente en el hecho de que los promoventes consideraron que la mencionada regulación de la Ley de Migración es inconstitucional en virtud de que los artículos que contemplan dichas facultades a favor de la autoridad migratoria son discriminatorios y restringen injustificadamente el derecho a la libre circulación y tránsito. 

El asunto fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte dando la razón a los hermanos.  La resolución establece que el marco normativo de la Ley de Migración que permite a la autoridad migratoria realizar revisiones dentro del territorio nacional (fuera de los lugares destinados al tránsito internacional) para comprobar la nacionalidad o estatus migratorio de las personas, efectivamente va en contra de la constitución, esencialmente por dos motivos. 

En primer término, se establece que dicha regulación discrimina de manera genérica a las personas cuya lengua materna no es el español o cuyas características físicas no corresponden a lo que bajo criterio de las autoridades consideran ser una persona mexicana, esto debido a que la normatividad no da parámetros objetivos que permitan a las autoridades dar cumplimiento a la ley sin necesidad de atender a perfiles raciales.  

En segundo lugar, se señaló que dichas disposiciones también violan el derecho a la libre circulación y tránsito porque permitir a la autoridad realizar revisiones para comprobar el estatus migratorio de una persona es una medida que genera un nivel de intervención excesivo en la esfera de derechos de los gobernados, cuando existen otras medidas contempladas en la propia ley que podría utilizar la autoridad migratoria para cumplir con los mismos fines. 

A pesar de todo, el hecho de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de los artículos señalados difícilmente se traducirá en un cambio en la política migratoria del país, hasta en tanto exista una modificación a la ley. En principio de cuentas, la resolución de la Corte debería de ser suficiente para que la autoridad migratoria observe lo resuelto, pues no debemos olvidar que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, por lo que si la Corte ya estableció que el marco regulatorio señalado viola los derechos fundamentales de las personas (no discriminación y libre tránsito), la autoridad migratoria debería de dejar de aplicar esos artículos en respeto a los derechos humanos de las personas.

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