Opinión

Opinión|Paz y concordia

Paz y concordia

La ola de violencia en el país demuestra que el crimen organizado no entiende más lenguaje que el de las armas. Los hechos recientes en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, donde las bandas dirigieron sus ataques contra civiles, buscan infundir terror entre la población, provocar a las autoridades y exhibir su incompetencia. Cuando se cruza esa línea —en Colombia los cárteles de la droga recurrieron a la misma táctica—, la delincuencia empieza a perder base social y el Estado a avanzar. Atribuir al narcotráfico algún carácter benéfico es demencial. El disimulo pasa factura tarde o temprano y los costos son cada vez más elevados.

El gobierno de la Cuarta Transformación no está dispuesto a variar los fundamentos de su estrategia de seguridad, cuyo resultado, en casi cuatro años de gestión, es nulo. Las estadísticas y la descomposición del país son irrefutables. La propuesta de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador obedece a la política de enfrentamiento directo implantada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto sin medir consecuencias. En ninguno de los casos surtió efecto, pues el número de homicidios y bajas civiles aumentó y la crisis se agravó. La ruta de aniquilamiento provocó masacres como la de Tlatlaya, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y una sistemática violación a los derechos humanos.

La idea de someter la Guardia Nacional al control del Ejército busca dar continuidad a un proyecto imposible de cumplir en un sexenio. Sin embargo, una mayor militarización, así sean las fuerzas armadas las instituciones más confiables del país, genera temores y sospechas fundadas. Máxime cuando la escalada de violencia parece no tener fin. La estrategia no puede cambiarse por presión de los grupos de interés o de la “comentocracia”, sea adversa o no al Presidente, pero tampoco actuar como si no pasara nada. La mejor forma de enfrentar la crítica es con resultados, pero no los hay hasta el momento.

El fenómeno de la inseguridad tiene raíces profundas y es consecuencia de décadas de simulación. Los barones de la droga actuaron a ciencia y paciencia de las instituciones creadas para combatir su actividad inmunda, y su dinero circula por bancos, empresas y partidos. Sin el amparo y complicidad de autoridades federales, estatales y municipales, los cárteles no habrían adquirido el poder económico y de fuego que hoy ostentan. Jean-François Boyer aborda esa relación en La guerra perdida contra las drogas: Narcodependencia del mundo actual (Grijalbo, 2001). Veintiún años después de la publicación del libro, las cosas son peor todavía. El error de Calderón y Peña consistió en atacar sólo los efectos del problema. Descabezar a los grupos criminales provocó su reproducción. Los cárteles se multiplicaron y la violencia salió de control.

López Obrador identifica como causa de la expansión de las organizaciones criminales a la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción. El diagnóstico tiene sustento. Sin embargo, las acciones emprendidas por su administración para afrontarlas, como la entrega de subsidios a los sectores más necesitados y a los jóvenes, desatendidos por los gobiernos precedentes, así como la creación de la Guardia Nacional, tampoco han generado los cambios esperados. Es inaplazable que la Federación y los gobernadores –la mayoría ya son de Morena– asuman su responsabilidad y establezcan bases de cooperación y coordinación para restablecer no sólo la paz, sino también la concordia.


Etiquetas:
×