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Asesoría Legal

Principio Pro Debilis y Derechos del Consumidor

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Principio Pro Debilis y Derechos del Consumidor

Hoy más que nunca la Suprema Corte de Justicia de la Nación refrenda su compromiso con los derechos de los consumidores, al emitir un criterio en el cual se deja establecido que cualquier asimetría entre el consumidor y el proveedor debe ser contrarestada.

Nos referimos al precedente derivado del amparo directo en revisión 5105/2019 resuelto por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal constitucional, en el cual se resolvió que cuando un consumidor aporta elementos mínimos para demostrar que el producto adquirido cuenta con vicios ocultos, ello genera a su favor una presunción, por lo cual el proveedor deberá revertir dicha presunción acreditando la inexistencia del vicio oculto señalado por el consumidor. 

Este importantísimo criterio nace de una demanda oral mercantil presentada por una persona en contra de una concesionaria de vehículos por diversas fallas mecánicas en un automotor las cuales fueron señaladas por la consumidora como vicios ocultos.

Dicho juicio oral mercantil fue radicado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, quien una vez tramitado por todas sus etapas declaró improcedente la acción, ante lo cual el consumidor presentó amparo directo en contra de dicha sentencia, cabe destacar que en los juicios orales mercantiles no procede recurso de apelación.

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, tomó conocimiento del juicio de amparo y concedió el amparo y protección de la justicia federal, sin embargo, en cumplimiento a la sentencia de amparo, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango reiteró la improcedencia de la acción ejercida por el consumidor, ante lo cual se promovió un nuevo juicio de amparo, siendo resuelto por el citado Tribunal Colegiado en donde le ordenó al juzgador que se abstenga al cumplir el amparo de arrojar la carga de la prueba a la parte actora para demostrar los vicios ocultos del vehículo y que determine que existe una presunción a favor de la accionante con relación a que la carga probatoria corresponde a la demandada en el caso concreto.

En contra de dicha determinación se presentaron por parte de la demandada el recurso de revisión en amparo directo, siendo desechado, sin embargo, derivado del recurso de reclamación interpuesto, se decretó que el asunto debía admitirse y fallarse por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el proyecto de sentencia se reafirmó el contenido y alcance del derecho fundamental a la protección de los intereses del consumidor, tutelado en la última parte del párrafo tercero del artículo 28 constitucional, el cual tiene por objeto contrarrestar las diferencias asimétricas que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo, y procurar que en las relaciones entre consumidores y proveedores exista equidad, transparencia y seguridad jurídica. Asimismo, que dicho imperativo debe operar como un principio protector aplicable en su óptimo alcance a todas las vertientes jurídicas que enmarcan las relaciones de consumo.

En la sentencia se establece que la tutela que el Estado ha de proporcionar a los consumidores para la protección de sus derechos sí debe permear en el proceso judicial a fin de contrarrestar las asimetrías entre las partes en las relaciones de consumo, siempre que no se desconozcan los derechos del proveedor. Esa protección en el plano procesal encuentra su fundamento en el artículo 1°, fracción VI, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que permite otorgar facilidades para lograr la defensa de aquellas prerrogativas, así como en el principio de favor debilis, referente a favorecer a quien se halla en condiciones de inferioridad y que, en el caso de los consumidores que afirman la existencia de vicios ocultos en el producto que han adquirido, deriva del desconocimiento de cuestiones técnicas respecto a la producción de los bienes que se comercializan.

Sin duda, este criterio es de gran relevancia para la vida jurídica nacional, dado que el mismo establece en favor de los consumidores una certeza plena, para que al momento de demandar un vicio oculto en algún producto que ellos adquirieron no tengan, sino una carga mínima de demostrar que el producto era defectuoso y con ello sería el proveedor quien estaría obligado a acreditar que el producto está en perfecto estado.


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