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Opinión|Prisión preventiva oficiosa, injustificada

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Prisión preventiva oficiosa, injustificada

El tema de la prisión preventiva en México ha causado revuelo en los últimos días, esto debido a que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si dicha figura, en su modalidad de oficiosa, es lícita a la luz de los tratados internaciones, lo que ha despertado el interés y pronunciamiento de juristas y, desde luego, la opinión de nuestro señor Presidente no fue para nada discreta ni disimulada. 

Para entender lo que está pasando, es necesario que todos estemos en el mismo canal en cuanto a la regulación vigente en México.  La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como fin a) garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, b) evitar la obstaculización del procedimiento o bien, c) para garantizar la seguridad de la víctima o algún testigo. 

Existen dos tipos de prisión preventiva, la oficiosa y la justificada.  La primera se impone por el juez, aunque nadie lo solicite, atendiendo al delito del que se acusa al imputado, es decir, si a una persona se le acusa de ciertos delitos que están enunciados en la Constitución, el juez necesariamente le va a imponer la prisión preventiva independientemente de que con su imposición no se persiga alguno de los fines para los cuales fue creada. La prisión preventiva justificada por su parte, es la que solicita el ministerio público por alguna de las razones que constituyen su fin, o sea, para garantizar la presencia del imputado al procedimiento, evitar su obstaculización o garantizar la seguridad de la víctima o testigo, la petición debe justificar por qué se solicita la imposición de esa medida, señalar por qué otra medida no sería suficiente en el caso concreto para lograr alguno de los fines que persigue y, una vez cerrado un debate en donde interviene la defensa, el juez debe dictar una resolución en donde justifique por qué se escogió la medida más gravosa y cómo fue que ello quedo justificado. 

Como se puede ver, la prisión preventiva oficiosa parece más una figura heredada de épocas inquisitivas y la justificada tiene más características de un sistema jurídico que busca ajustar la norma al caso concreto y no preestablecer situaciones desde la ley para automatizar la función de los jueces. 

En efecto, la prisión preventiva oficiosa es ilegal y la legislación internacional es uniforme en señalar que esta figura de ninguna manera debe ser impuesta de forma automática, entonces, si es tan uniforme la legislación internacional, ¿por qué se hace tanto borlote con el tema?  Pues el elemento que ha venido a complicar todo es que la prisión preventiva oficiosa está regulada en el artículo 19 de la Constitución y eso ha causado dos problemas: 1. Que se discuta si la SCJN tiene facultades para inaplicar un artículo de la constitución y 2. Que existe una jurisprudencia en donde se estableció que “cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional”.

El primer punto es una realidad, no existe fundamento para que la SCJN pueda inaplicar un artículo de la Constitución y el segundo, podría no representar mayor problema ya que la SCJN tiene la facultad de cambiar sus criterios jurisprudenciales siempre que justifique los motivos que tuvo para ello y, en el caso, hay motivos de sobra. 

No obstante, a estas altura parece existir mucha confusión incluso dentro de la comunidad jurídica en relación a la obligatoriedad de los tratados internacionales en México, por ello vale la pena reseñar de dónde deriva esta obligación y por qué tanto revuelo con el tema de los Derechos Humanos. 

En 1969 se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 1980 el Senado de la República aprobó la adhesión a la convención por parte del Estado Mexicano.  El 9 de enero de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de adhesión a la convención por parte de México.  El 24 de febrero de 1999, en época del presidente Ernesto Zedillo, se publicó el decreto que contiene la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

De lo anterior se evidencian varias cuestiones, entre ellas, que existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la misma, forma parte del sistema de leyes vigentes en México, por último, al reconocer el Estado Mexicano la competencia de la CIDH, en términos prácticos se obligó a respetar los tratados internacionales y a ser juzgado por la CIDH en caso de violaciones por parte del Estado a los derechos fundamentales de las personas. 

El texto vigente del artículo primero de la Constituciones contiene diversas disposiciones que por su claridad conviene señalar: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internaciones…”, “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”  “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

En suma, sucede que por una parte el derecho internacional que a su vez es derecho nacional en México, es claro al establecer la prohibición de la prisión preventiva oficiosa pero como dicha figura está inmersa en la Constitución Mexicana, la SCJN parece no tener facultades para inaplicarla y menos para eliminar o expulsarla del sistema jurídico. 

Lo que sí podría hacer la corte en aras de buscar una salida que satisfaga las exigencias del artículo primero de la Constitución, es decir, que otorgue la protección más amplia a las personas, es realizar una interpretación que parece también bastante difícil porque la expresión “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos…”, no pareciera dejar mucho lugar al ejercicio interpretativo, sin embargo, lo que se propuso en una de las sesiones en donde se ha discutido el tema, es que se le de una connotación diferente al vocablo “oficiosamente” para interpretarlo en el sentido de que, en esos casos el juez debe analizar si se dan los elementos para justificar la prisión preventiva, aún sin que se lo solicite el Ministerio Público acusador, es decir, sería oficioso el estudio más no la imposición. 

No obstante, ninguna de las posturas discutidas en la SCJN alcanzó uniformidad, las intervenciones y las emociones de algunos ministros parecían estar más cargadas de ideología política que de razonamientos jurídicos al aferrarse a la existencia de la prisión preventiva oficiosa a pesar de su evidente ilicitud, bajo justificaciones de seguridad nacional que, por cierto ¿alguien sabe si hay alguna estrategia de seguridad nacional?  No dudaría que alguien piense que aferrarnos a esa figura inquisitiva y detestable realmente va a trascender en la ya de por sí difuminada seguridad pública de la gozamos los ciudadanos. 

Lo que pareciera que no fue tomado en cuenta por los ministros que se aferran a la existencia de la prisión preventiva oficiosa, es que actualmente el Estado Mexicano es parte en un procedimiento ante la CIDH en donde se discute justamente que México violó los derechos de los quejosos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial y a no ser víctimas de tortura.  Los promovente alegan haber sido privados ilegalmente de su libertad sin que se les informara el motivo de la detención, manteniéndolos posteriormente en prisión preventiva oficiosa por 17 años sin que se les haya dictado sentencia.  

Ante tales violaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó diversas recomendaciones al Estado Mexicano quien no las acató, lo que motivo que se sometiera el caso a la competencia de la CIDH, mismo que está próximo a resolverse muy probablemente en sentido favorable a las peticiones de los quejosos, es decir, ordenar al Estado Mexicano la reparación de las violaciones y, seguramente se le ordene expulsar del orden jurídico mexicano la figura de la prisión preventiva oficiosa, para lo cual se tendrá que convocar al poder reformador de la Constitución pero más difícil aún, convencer a nuestro Señor Presidente de que se tiene que acatar la medida.


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