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Asesoría Legal

Procedimiento especial mercantil

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Procedimiento especial mercantil

No existe duda de que el comercio es una de las actividades esenciales para el crecimiento económico, tanto de un país como el de sus habitantes. Al comercio debemos entenderlo de una manera muy básica como aquellas operaciones de compraventa o intercambio de productos y servicios que se realiza con la intención de obtener un beneficio.

Es preciso señalar que entre los comerciantes suelen suscitarse en algunas ocasiones ciertas diferencias y problemáticas, las cuales no son posibles resolver a través de un acuerdo o negociación, por lo que terminan acudiendo a los tribunales a fin de ejercer las acciones legales que estimen pertinentes y con ello dar respuesta y solución a las problemáticas suscitadas.

El Código de Comercio es la ley en donde se encuentran contenidos diversos conceptos básicos del comercio, así como la manera de resolver los problemas ante instancias judiciales. Vale la pena señalar que dicho cuerpo normativo fue expedido en el año de 1889 y a lo largo de más de 120 años ha sufrido múltiples modificaciones a fin de adaptarse a las necesidades cambiantes de los negocios que se suscitan en nuestro país y a nivel internacional.

No escapa a nadie el hecho de que los procedimientos judiciales tradicionales contemplados en el Código de Comercio, ya sea ordinarios, ejecutivos y ahora orales, en ocasiones se tornan en juicios que tienden a demorarse y con ello a constituir un obstáculo de facto para que el o los comerciantes obtengan una respuesta o solución rápida a su problemática.

Consciente de ello, el legislador trasladó a las partes el poder configurar libremente el proceso o juicio que van a llevar en caso de presentarse una disputa que deba ser dirimida por un juez o un árbitro; sin embargo, es importante destacar que ello no significa libertad absoluta dado que el procedimiento especial debe observar las formalidades esenciales del procedimiento para poder tener plena validez.

De igual manera, para la validez y eficacia del procedimiento especial mercantil, el legislador estableció como un requisito que el pacto quede formalizado en escritura pública, póliza o convenio judicial, en el que constarán las previsiones procesales mencionadas, el negocio en que ha de observar el procedimiento, el juez competente, nombre y capacidad de los otorgantes.

Todo lo anterior se encuentra contenido en los artículos 1051 a 1053 del Código de Comercio.

Ahora bien, hace poco se intentó impugnar la constitucionalidad de los artículos señalados anteriormente, en virtud de que se consideró por quien ejerció la acción constitucional que dichos numerales autorizan a las partes a crear una figura de ejecución anticipada (no contemplada en la legislación), mediante el uso de la fuerza pública desde el inicio del procedimiento especialmente diseñado, lo cual afecta sus posesiones y derechos en virtud de que no se garantiza su oportunidad de defensa y de ofrecer pruebas; adelantando la ejecución (propia del fallo) consistente en la desposesión de bienes.

Dicho asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en amparo en revisión, el cual fue radicado bajo el número de expediente 795/2019, en el cual se estudió si los arábigos 1051 a 1053 del Código de Comercio eran inconstitucionales o no.

La Sala resolvió que eran inoperantes las alegaciones hechas valer y resolvió que los numerales citados sí eran constitucionales, para ello sostuvo que el procedimiento mercantil preferente consiste en el pacto celebrado entre las partes, vinculadas por un acto jurídico de carácter comercial, con la finalidad de establecer las bases de un proceso que se tramitará ante los tribunales o árbitros que para tal efecto designen, para el caso de dirimir las controversias que surjan, puntualizando que el Código de Comercio da la opción a quienes intervienen en la relación mercantil de obligarse de la manera lícita en que estimen conveniente, lo que no significa ni puede implicar no observar las formalidades esenciales del procedimiento.

Siendo importante destacar dicho criterio porque ello da certeza jurídica a todos los empresarios y comerciantes de nuestro país a poder celebrar sus acuerdos o negocios sometiéndose, de así considerarlo oportuno, al procedimiento especial mercantil, para con ello dirimir las controversias que lleguen a suscitarse de una manera que sea acorde al negocio celebrado.

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