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Asesoría Legal

Prohibición de exigir cuentas en la pensión alimenticia

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Prohibición de exigir cuentas en la pensión alimenticia

Un tema interesantísimo que surge cuando existe una separación de una relación en la cual se han procreado hijos y estos aún son menores de edad, es precisamente el de la pensión alimenticia, ya en anteriores ocasiones hemos abordado este tópico; sin embargo, en esta ocasión veremos en específico el tema de si el progenitor que recibe el dinero de los alimentos para sus menores hijos, tiene o no la obligación de rendir cuentas al diverso progenitor que está desembolsando ese dinero.

Para esto debemos señalar que dicho tópico fue abordado por los magistrados que integran el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito Judicial con residencia en la Ciudad de México, quienes por mayoría de votos resolvieron que el progenitor que ejerce la guarda y custodia no se encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciba por parte del deudor alimentario para satisfacer las necesidades del menor de edad.

La contradicción de tesis resuelta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito Judicial con residencia en la Ciudad de México fue la 22/2021, señalando que en la votación hubo 14 votos a favor de la propuesta y 2 en contra.

Como es bien sabido, la obligación de dar alimentos que tienen los padres de familia con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia, que puede ser acordada de manera voluntaria o puede ser decretada por un juez familiar.

Ahora bien, el Pleno en Materia Civil estableció que, quien tiene a su cargo la guarda y custodia de los hijos, no tiene la obligación de rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciben los menores, pues no existe disposición legal expresa que así lo señale. Asimismo, se destacó en la resolución que, si bien el contenido de la pensión alimentaria es económico, pues consiste en un pago de una suma de dinero, su finalidad es netamente personal, pues se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. 

En los argumentos vertidos en la sentencia se detalla que no es jurídicamente viable la rendición de cuentas de la pensión alimenticia, ya que el objeto de la obligación alimentaria no se reduce sólo a la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, pues también se conforma por los medios necesarios para satisfacer las necesidades de los hijos, de ahí que la función del padre que ejerce la guarda y custodia no se limita a la de un administrador del dinero que recibe del diverso progenitor, ya que se debe realizar cualquier acto encaminado a salvaguardar la educación, vestido, habitación, atención médica y demás requerimientos básicos de los menores que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se consigue únicamente adquiriendo bienes y servicios a través de sumas de dinero; estimar lo contrario desvincularía de la obligación alimentaria los recursos económicos, materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar que se destinan para ello.

En ese sentido, el Pleno en Materia Civil matizó que si el padre o madre que paga una pensión alimentaria afirma que el diverso progenitor que tiene la guarda y custodia no se encuentra proporcionando debidamente los alimentos a sus menores hijos, tendrá la obligación de acreditarlo y, en caso de que se demuestre tal situación, el juzgador, con las facultades de investigación con las que cuenta para recabar pruebas, deberá conocer la situación real de los niños, y establecer las medidas necesarias, reforzadas o agravadas, en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente para mejorar las condiciones de su entorno y hacer cesar en su caso el estado de necesidad en que se encuentren.

Como vemos, este criterio adoptado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito Judicial con residencia en la Ciudad de México es bastante relevante y aunque la determinación fue realizada con base en la legislación civil vigente para la Ciudad de México el contenido de dichas disposiciones es idéntico al del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 

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