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Opinión

Se queda corta la Corte

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Se queda corta la Corte

El pasado 11 de mayo la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión promovido por un ciudadano que fue acusado del delito de posesión simple de drogas debido a que poseía 30.6 gramos de marihuana; el particular alegó que el tipo penal que sanciona la posesión de marihuana es absurdo debido a que la propia Corte ya ha reconocido previamente el derecho al consumo lúdico de la marihuana y ello necesariamente implica su posesión.

A pesar de que la petición del particular estaba encaminada a que se declarara la inconstitucionalidad de la norma que criminaliza la posesión de la marihuana para consumo personal, la Corte optó por actuar con tibieza, pues a pesar de que concedió el amparo, no declaró la inconstitucionalidad del delito de posesión simple de marihuana con fines de consumo personal, sino que lo hizo sólo respecto de un apartado de otro artículo que contempla una forma de excluir la comisión del delito.

Veamos, el artículo 477 de la Ley General de Salud (LGS) contempla el delito de posesión simple de narcóticos; es decir, criminaliza la posesión de ciertos narcóticos aun y cuando no se tenga con fines de comercialización o suministro a terceras personas.  La marihuana está contemplada dentro de dichos narcóticos.  Ahora bien, el artículo 478 de la LGS establece que el Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el 477 cuando el poseedor sea consumidor y posea alguno de los narcóticos contemplados, en igual o inferior cantidad a la prevista en una diversa tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal, que contempla para la marihuana la cantidad de 5 gramos; en otras palabras, sí es delito poseer cualquier cantidad pero si es para consumo personal y son menos de 5 gramos el Ministerio Público no ejercerá acción penal.

Fue esta última parte la que la Corte calificó de inconstitucional; dicho de otra manera, eliminó la expresión "en igual o inferior cantidad a la prevista...", ello con el fin de que la causa de exclusión del delito se base únicamente en el hecho de que la posesión sea para consumo personal y, en consecuencia, tenga que ser la autoridad la que determine y acredite que la posesión era con fines distintos al consumo personal para poder entonces ejercer la acción penal.

La Primera Sala consideró que la porción del artículo que fue declarada inconstitucional ocasiona una afectación injustificada e irrazonable a los derechos de salud e integridad personal, privacidad y libre desarrollo de la personalidad. Argumentó que esa disposición no tiene sustento constitucional al amparo de la protección a la salud pública en virtud de que por la simple posesión para consumo personal no se genera una afectación a otras personas; es decir, no se puede hablar de una afectación al interés colectivo precisamente porque la conducta sólo atañe a la esfera particular de cada individuo. En ese sentido, consideró que sancionar tal conducta representa una intervención injustificada del Estado en la privacidad de los gobernados, mientras que el grado de protección que lograría para la comunidad sería mínimo.

A pesar de que los argumentos utilizados son coherentes, la realidad es que la Corte tuvo en sus manos declarar la inconstitucionalidad del delito de posesión simple de marihuana, pero no lo hizo, optó por hacer justicia otorgando un amparo que no tendrá efectos ni siquiera frente a los demás jueces del país, por no haber alcanzado un mínimo de votos para poder tener tal efecto. 

El actuar de la Corte provocó reacciones en diversas organizaciones civiles que se manifestaron en contra de la resolución alegando que mantener el delito de posesión simple vuelve imposible el ejercicio de un derecho reconocido porque no hay consumo sin posesión, además, afirmaron que criminalizar la posesión simple distrae a la autoridad de la persecución de los verdaderos delitos y le permite a ésta extorsionar usuarios con la amenaza de cárcel. Adicionalmente, los inconformes afirman que permitir a la autoridad ese grado de intervención en la esfera privada de los particulares, sin justificación suficiente, ha sido parte de la imposición de un modelo social y de códigos morales a través de la ley y la fuerza de la autoridad.

Desde nuestra óptica, pareciera que la Corte no termina por entender que sus resoluciones, por románticas que sean, si no tienen un efecto en la práctica de los ciudadanos sólo generan confusión y abren ventanas para la extorsión y la corrupción.  Si previamente se reconoció el derecho al consumo lúdico de la marihuana como una vertiente del derecho al libre desarrollo de la personalidad, no tiene sentido que subsistan delitos que criminalizan lo que está reconocido como un derecho.

Con todo, es claro que la mayor responsabilidad es del Congreso en donde nada más no terminan por ponerse de acuerdo para crear una regulación del cannabis que acabe de una vez por todas con tanta confusión que sólo permite lo de siempre, justicia para el que se puede defender.

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