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Asesoría Legal

Víctimas y su reconocimiento en sentencias de amparo

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Víctimas y su reconocimiento en las sentencias de amparo

Las víctimas de violaciones a sus derechos humanos tienen la posibilidad de instaurar un procedimiento a fin de buscar que el Estado les brinde ayuda, asistencia, inclusive que se repare el daño causado por la transgresión a sus derechos fundamentales (indemnización). Dicho procedimiento se encuentra contenido en la Ley General de Víctimas y su reglamento, el cual es un procedimiento relativamente sencillo en el cual se evaluará cada caso en particular y se determinará la procedencia o no de la solicitud de ayuda, asistencia e indemnización.

 Vale la pena destacar que al hablar de víctimas en la presente publicación, nos referimos únicamente a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, no así a las víctimas de un delito.

Ahora bien, vale la pena la interrogante ¿cómo podemos justificar en el procedimiento contemplado en la Ley General de Víctimas que realmente somos víctimas de una violación a nuestros derechos humanos?

Bien, la respuesta es múltiple; sin embargo, nos centraremos en establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, estableció que las sentencias en las que se concede la protección de la justicia federal son el documento idóneo para demostrar la calidad de víctimas de las personas a las que les fueron transgredidos sus derechos fundamentales.

Recordemos que el juicio de amparo es el medio de defensa por excelencia en contra del abuso de las autoridades en contra del gobernado. En dicho juicio un juzgado federal analiza, entre otras cosas, si existieron o no violaciones a derechos humanos por parte de alguna autoridad en perjuicio del quejoso.

Ahora bien, debe señalarse en principio que las sentencias dictadas en un juicio de amparo en el cual se concede la protección constitucional al promovente deben ser cumplidas cabalmente por las autoridades que perpetraron la violación a los derechos humanos del impetrante, siendo el efecto de manera general de las sentencias de amparo, el restituir al quejoso en el goce de su derecho humano violentado, retrotrayendo las cosas hasta antes de la transgresión hecha por la autoridad.

Dicho lo anterior, la Primera Sala del máximo tribunal constitucional al resolver la contradicción de tesis 440/2018 estableció como criterio obligatorio que la sentencia de amparo tiene una doble función, ya que, por un lado, 1) determina que la persona quejosa es víctima por la violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la Constitución General y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional y, por otro, 2) concede el reconocimiento necesario para proceder en los términos y para los efectos que señale la Ley General de Víctimas, ya que en la resolución se expone y demuestra el daño o menoscabo sufrido.

La importancia de dar a conocer este criterio emitido por nuestra Corte Suprema descansa, entre otras cosas, en el hecho de que en algunas ocasiones hay personas que son objeto de detenciones arbitrarias y sometidos a procesos penales en los cuales de manera sistemática se vulneran sus derechos fundamentales como lo son el de debido proceso, adecuada defensa, etc., para luego, a través de un juicio de amparo, logren obtener su libertad o retrotraer las violaciones a derechos humanos al momento anterior al que se verificaron. De ahí que debamos preguntarnos si ¿una persona sometida a proceso penal puede ser considerada víctima de derechos humanos y pedir una indemnización por ello?; con el criterio acuñado por la Primera Sala pareciera que la respuesta es sí, y por ende dicha víctima podrá instar los procedimientos contemplados en la Ley General de Víctimas para buscar una reparación y/o indemnización por la violación a sus derechos fundamentales, ello sin perjuicio de las diversas acciones legales que pudiera ejercer dicha víctima ante diversas instancias.

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