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Asesoría Legal

Violencia familiar, pruebas oficio

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Violencia familiar, pruebas oficio

En un asunto resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció como precedente obligatorio, reiterando básicamente la línea jurisprudencial que ha venido gestándose al interior del máximo tribunal en los últimos años, que cualquier juzgador que vea sometido ante su potestad un asunto en donde se alegue violencia familiar y estén involucrados derechos de menores de edad, deberá recabar de oficio todas las pruebas que estime pertinentes para esclarecer la verdad de los hechos.

La sentencia a la que nos referimos es dictada en el amparo directo en revisión 2937/2021, la cual estuvo a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, fallado el pasado 16 de marzo de 2022.

En dicho asunto el contexto de los hechos se centra básicamente en un procedimiento judicial de restitución internacional de menores promovido por un padre de familia en contra de la madre de su menor hija.

De los antecedentes del caso, en síntesis podemos señalar que, al dictarse sentencia por el juez de origen, éste consideró que estaban demostrados los extremos para ordenar la restitución inmediata de la menor a su residencia habitual con el padre en Estados Unidos de Norteamérica.

Inconforme con dicha determinación, la madre promovió juicio de amparo indirecto; sin embargo, dicha demanda fue reencausada al considerar que debería de tramitarse como amparo directo, de ahí que un Tribunal Colegiado se avocó al conocimiento del asunto.

Previos trámites de ley, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo en favor de la madre (demandada en el juicio de origen), por lo cual el padre promovió recurso de revisión, el cual fue admitido y resuelto por la Primera Sala.

Vale la pena destacar que durante la tramitación del procedimiento judicial de restitución internacional de menores el progenitor varón alegó en todo momento la existencia de violencia familiar.

La Primera Sala tomando en consideración las múltiples alegaciones del padre de la menor en cuanto a la existencia de violencia familiar estableció que los juzgadores deben tomar en cuenta que la violencia familiar en muchas ocasiones está vinculada con violencia de género, por lo que estos tienen deberes específicos en materia probatoria, ello al tomar como punto de partida el reconocimiento de la importancia y la gravedad de las afectaciones que la violencia de género puede tener sobre los niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior deriva del derecho fundamental a no vivir en un entorno de violencia familiar, el cual obliga al juzgador a recabar de oficio las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en aquellas controversias de violencia familiar donde estén involucrados los derechos de las personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, como en este caso la menor de edad.

Así, la Suprema Corte explica en la resolución aquí analizada que al impartir justicia los juzgadores, de acuerdo con los antecedentes de cada caso, deben de oficio recabar todos aquellos elementos de convicción que les permitan advertir la  existencia de violencia de género. 

Lo anterior, señala la Primera Sala que obedece a dos propósitos, el primero es corroborar si, efectivamente, existe algún síndrome de maltrato por esas causas y si dicha violencia de género representa a su vez un riesgo para el menor, o bien, por el contrario, para motivar por qué la violencia no crea un escenario que represente un peligro físico o psíquico para el menor. 

De lo anterior podemos concluir que este precedente obligatorio refrenda el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por erradicar la violencia familiar y de género.

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