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Opinión

¿Y los camiones, Hernán?

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¿Y los camiones, Hernán?

En estos últimos días, se ha difundido en YouTube un spot donde el gobierno estatal señala que debido a la corrupción de la administración anterior, la movilidad y el transporte público están en malas condiciones, pero da la buena noticia de que ya tiene la solución. Asegura que tiene licitados 800 camiones que llegarán a la entidad en el mes de noviembre, para iniciar la esperada reestructura de las rutas urbanas, pero la realidad es otra, veámosla a continuación.

En primer lugar, debemos considerar algunos antecedentes: la marca de camiones china Ankai ya estuvo en México, con sede en Monterrey, en la empresa denominada EGS Truck, su propietario era Alberto Garza Santos y Diego Dignowity el director de Ventas. Solamente estuvieron operando dos años y vendió: 25 camiones a Querétaro, 25 unidades a Chihuahua y sólo 17 a Nuevo León, porque eran las únicas disponibles en el mercado que utilizaban gas natural; la empresa cerró en noviembre de 2019, debiendo aclarar que esta marca no es de las mejores del mercado.

En la licitación llevada a cabo hace siete meses, en donde se asigna el contrato de arrendamiento, aparece una asociación integrada por Ankai representada en México a través de Diego Dignowity, Ticsa, más una financiera dejando en el camino a empresas mucho más sólidas como Foton, Zhongtong, Yutong con financiamiento de instituciones como Santander, Banregio y Value. A la empresa Zhongtong no la dejaron participar, a pesar de que ya había surtido 160 camiones en el sexenio pasado. 

En el anexo 1 del contrato se describe el mecanismo de las entregas, para el 18 de julio deberían de haberse entregado 560 unidades, pero solamente han llegado 30 camiones, esta falla se debe a que la empresa Ticsa es todóloga; es decir, lo mismo se dedica a la seguridad que a la iluminación, por mencionar algunos extremos, el rubro de transporte público no es su fuerte, por eso ni se percataron que las cláusulas del contrato de arrendamiento son poco confiables y claras para garantizar el pago de las unidades, una de ellas es el origen del pago, hasta hoy en día todavía se maneja el efectivo –por la resistencia de los transportistas– y no hay reglas claras de operación en el sistema de peaje. 

Ahora bien, se encuentran 70 camiones en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, desde el 25 de mayo, argumentan que siguen ahí por cuestiones administrativas, pero es mentira, lo cierto es que no se ha liberado el Bill of Loading, que es equivalente a la factura, porque no se ha pagado.

El otro problema que se tiene es que las mercancías sólo pueden permanecer en un recinto fiscal durante 60 días, sino cae en abandono, pasando a propiedad del SAT, siempre y cuando no hayan realizado una solicitud de prórroga por 30 días más. ¡Esperamos que sí la hayan presentado! Si así fue, tienen hasta el 25 de agosto como fecha límite. Si no han tenido la capacidad económica de liberar las unidades que están retenidas, ¿cómo van a poder adquirir las 700 restantes? 

Un gobierno humanista hubiera reestructurado el transporte público teniendo la seguridad del origen del pago, con las empresas más competitivas, pero este gobierno que esta bajo el signo del Instagram no le importa contratar a una empresa sin experiencia en la materia, con tal de aparentar que están resolviendo un problema.

En conclusión, Nuevo León requiere de un gobierno responsable enfocado a lo único importante: la gente. 

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