El agua: un recurso vital para los derechos humanos

La seguridad hídrica, más allá su naturaleza técnica, es primordialmente un tema de desarrollo humano, que plantea grandes desafíos tanto para el presente como para el futuro de las personas, las familias y las naciones.

Nuestras aguas nos alimentan, nos permiten tener la producción de cosechas, un cuidado personal adecuado; nos protegen, regulan nuestro clima, y anclan industrias, desde el transporte hasta el turismo, pasando por todo tipo de comercio.

Su centralidad radica en ser un elemento esencial para la vida, pero también un núcleo político de fuerza y resistencia, por su acceso y repartición justa. Además, es un incentivo pedagógico y generador de políticas públicas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, como la salud, la educación, la cultura, la vivienda, una vida digna y un saneamiento adecuado.

Alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, “Agua limpia y saneamiento”, nos compromete a garantizar que todas las personas tengan el derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico.

A pesar de esto, con base en estimaciones internacionales, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. México y Nuevo León no son ajenos a esta compleja situación, ya que en los meses de junio y noviembre de 2022, las reservas de dos de nuestras principales presas descendieron a menos del 10% de su capacidad, una situación inédita en nuestro estado.

Todo esto implica que si queremos dejar una herencia hídrica para las generaciones que vienen, tendremos que seguir actuando con celeridad y sumando esfuerzos, como ha quedado demostrado con el Plan Maestro para Garantizar el Agua hasta el 2050, impulsado por el gobernador Samuel García.

Este plan considera, en un mediano y largo plazo, la instalación de reductores de presión; bombardeo de nubes; perforación y construcción de 196 pozos someros; recuperación de caudales agrícolas; reúso potable directo; tratamiento de aguas residuales; clausura de tomas clandestinas; ampliación de la red de distribución e intensificar esfuerzos en la construcción de la presa Libertad, entre otras medidas.

En particular, desde la Secretaria de Igualdad e Inclusión, con el programa Agua para Todas las Personas, que forma parte de nuestra estrategia de política social Nueva Ruta: Incluir para Ser Iguales, hemos beneficiado a 4 millones de personas en el estado, con la instalación de tinacos, cisternas, y la entrega de garrafones y agua embotellada.

Bajo el principio de igualdad, el derecho al agua significa abastecimiento asequible para todas las personas. Por ello, hemos incluido en nuestro instrumento de recolección de información socioeconómica la medición de la inseguridad del agua a través de la Escala de Experiencias de Inseguridad de Agua en el Hogar (HWISE, por sus siglas en inglés), que será de gran utilidad en el fortalecimiento de nuestras políticas públicas.

Esto nos permitirá atender esta situación y anticiparnos a situaciones complejas, como ya lo hicimos el verano pasado, mediante el programa emergente Agua para Todas las Personas, con el que definimos líneas de acción relacionadas a lograr la autosuficiencia hídrica de las personas que más lo necesitaban por encontrarse en un mayor grado de vulnerabilidad, a través del aumento del suministro, la reducción de la demanda y la sensibilización de la ciudadanía, a través de la campaña de información Ciudadanos de 100.

Tengo la convicción de que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Debemos seguir impulsando acciones de fomento a la cultura del cuidado del agua y su acceso sostenible, así como la preservación de los ecosistemas, para garantizar el bienestar y el desarrollo pleno de las familias y las comunidades. Sólo de esta manera nos estaremos acercando a esa gran aspiración de convertir a Nuevo León