La reforma a la Ley de Amparo: cuando el Estado se protege de los ciudadanos
Inteligencia Financiera Global
La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, no es un asunto menor ni un tema meramente jurídico. Aunque se la quiera presentar como una actualización “técnica” o “administrativa”, lo que realmente implica es un cambio estructural en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Desde mi punto de vista, esta reforma no tiene un propósito de justicia, sino un fin recaudatorio: garantizar al gobierno la posibilidad de cobrar primero y preguntar después.
En un país donde la economía siempre es política, esta iniciativa debe leerse en el contexto de una administración que gasta cada vez más en programas sociales con claro sentido electoral. Las dádivas son populares, pero no son gratuitas: alguien las paga, y ese alguien es el contribuyente formal. Mientras el gobierno celebra una “recaudación histórica” de 4.6 billones de pesos —un aumento de 9.1% real respecto al año pasado—, los trabajadores, empresarios y emprendedores lo resienten como lo que es: una extracción cada vez más agresiva de recursos productivos para sostener un aparato estatal insaciable.
Del amparo ciudadano al blindaje del poder
El núcleo del problema está en la inversión del principio original del amparo. Esta figura jurídica nació para proteger al individuo de los abusos del gobierno; hoy se pretende transformarla en un escudo que proteja al gobierno de las inconformidades de los ciudadanos.
Si la reforma prospera tal como fue planteada, la autoridad fiscal podrá congelar cuentas, cancelar sellos digitales y embargar bienes antes de que un contribuyente pueda defenderse. El mensaje es claro: primero te cobro, luego vemos si tenía razón. Y cuando, años después, un tribunal determine que el ciudadano tenía la razón, quizá ya no haya empresa, patrimonio ni capital que recuperar.
El gobierno argumenta que busca evitar abusos y combatir la evasión. Pero el efecto real será intimidar a quienes producen, invierten y crean empleo, generando un clima de desconfianza que desincentiva la inversión y pone en riesgo el crecimiento económico. Como economista, lo digo con claridad: una economía sin certeza jurídica no crece, y esta reforma erosiona justamente eso.
Una dedicatoria política y un costo colectivo
Resulta evidente que la iniciativa tiene dedicatorias políticas, como el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los pocos que se atreven a expresar abiertamente su desacuerdo con el poder. No se trata de simpatizar o no con él, sino de entender que, si el Estado puede usar el sistema fiscal como arma política, ningún empresario —pequeño o grande— estará a salvo.
Peor aún, la reforma fragmenta la defensa colectiva: cada ciudadano deberá ampararse individualmente, y los fallos solo beneficiarán a quien haya ganado su caso, no al resto de los afectados. Esto debilita el principio de universalidad de la justicia y favorece un modelo donde solo el que puede pagar abogados podrá defenderse.
A todo esto se suma la eliminación práctica de sanciones a funcionarios que desacaten sentencias judiciales. Si las autoridades pueden ignorar los fallos sin consecuencia, el equilibrio entre poderes desaparece. En los hechos, el Poder Ejecutivo se fortalece a costa del Judicial, y con ello se amplía el riesgo de abusos.
Consecuencias económicas: menos inversión, más fuga de capitales
En un entorno ya marcado por seis meses consecutivos de salida de capitales y una política monetaria cada vez más complaciente con el gobierno, esta reforma llega en el peor momento. Aumenta la incertidumbre jurídica, eleva los costos de cumplimiento fiscal y desalienta tanto la inversión nacional como extranjera. No solo afecta a los grandes empresarios: cualquier micro o pequeña empresa puede verse arruinada si Hacienda decide bloquear sus cuentas antes de que se escuche su defensa.
Incluso voces moderadas como la del economista Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México y cercano a la 4T, han advertido: “No espanten a la inversión.” Sin embargo, eso es precisamente lo que esta reforma está logrando.
Un país que debilita sus contrapesos
El fondo del asunto es que el Estado mexicano se está blindando frente a la sociedad, debilitando los contrapesos que distinguen a una república de una autocracia. Una ley de amparo que deja de amparar al ciudadano es una contradicción en sus términos. Y cuando la justicia se vuelve un privilegio en lugar de un derecho, la economía también paga el precio, porque sin libertad jurídica no hay libertad económica.
Por eso, más allá del debate técnico o ideológico, debemos alzar la voz. No se trata de defender a un empresario o a un sector, sino de defender el derecho de todos los mexicanos a no ser atropellados por su propio gobierno.
El progreso de un país no se mide por la recaudación, sino por la confianza de sus ciudadanos. Y hoy, con esta reforma, esa confianza está en riesgo.