Opinión

El hackeo a Sedena y la sanción del pueblo

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Dedicado a mi querido primo, Roberto Camiro G. Z.

Hace unos días fuimos informados que un grupo de hackers denominado “Guacamaya” hackeó 6 terabytes de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aparentemente por la falta de protección cibernética, descuidada por el afán malévolo de austeridad del gobierno federal, que destina montos millonarios a proyectos como aeropuertos, vías férreas, refinerías, subsidios a ninis, etc., no con el propósito de “invertir” en nuevos fines de beneficio para el país, sino de destruir la economía y los pocos logros en salud, educación, seguridad y otros, a efecto de instaurar la 4T.

¿Qué es un terabyte? Cada terabyte es igual a 1024 gigabytes. Un terabyte abarca, mas que menos 40 millones de páginas de documentos o 3,000 horas de video de alta definición. La Sedena tiene un grave problema, ya que, por ahorrar, transparentó su desnudez.

Lo hackeado, según diversos medios de información, como lo hace el periodista Raymundo Riva Palacio, indica que ya se empieza a “producir cargas de profundidad contra López Obrador y su gobierno”. Revela “los vínculos de los cárteles de la droga con dirigentes, candidatas y candidatos de Morena… gobernadores y alcaldes… la complicidad de funcionarios de Veracruz” e incluye a los gobernadores Cuitláhuac García y de Tabasco, “hasta hace poco gobernado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”. Riva Palacio dice que uno de los documentos hackeados señala que “el 63% del territorio está en poder” del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lo ocurrido no es noticia menor. Se anticipa que la planeación y participación del ejército en diversos sucesos antipaís y pro-4T serán reveladas por la documentación pendiente de ser analizada, tales como Ayotzinapa, visitas presidenciales a Badiraguato, el Culiacanazo, la captura y libertad de Ovidio (hijo de El Chapo), manejo de alcaldías, extorsiones, cobros por derecho de piso, etc.

A lo anterior, según Adela Micha, se añade la revelación de decenas de abusos sexuales cometidos por las altas esferas militares a sus subalternas y personas detenidas, torturas, reportes de intervenciones telefónicas y cibernéticas ilegales al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, padres de los 43 de Ayotzinapa, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, camarillas anarquistas como María Negra, Aquelarre Feminista, Rosas Violentas, estudiantes preparatorianos, politécnicos y universitarios y otros. Obviamente, la información apenas empieza a ser analizada. Tenemos frente a nosotros, meses y meses futuros de reportes.

He aquí la importancia del derecho a la libertad de prensa y de expresión, y de la aportación al bien del país por parte de los medios. Esto es de relevancia fundamental en nuestra incipiente democracia.  

En el caso de que se pueda reunir evidencia para denunciar la comisión de un delito, debe tomarse en cuenta que, por haberse cometido por funcionarios en el ejercicio de sus funciones en una institución del gobierno federal, se trata de un delito del orden federal; y quien detenta el monopolio del ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la República, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, funcionario nombrado por el presidente López Obrador, quien detenta la facultad de libremente removerlo.

Es decir, que presentar una denuncia en estas condiciones no va a llegar muy lejos; sin embargo, es de anticiparse que surgirán casos ejemplo, de paleros denunciantes y denunciados. Estos últimos llegarán a la cárcel por la puerta de enfrente y días después saldrán por la de atrás, con indicación de recoger la bolsa de billetes producto de su “sacrificio”.

Como ciudadanos, ¿qué recurso tenemos? Nuestra única posibilidad de sanción es el voto ciudadano, para lo cual es fundamental hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger al Instituto Nacional Electoral y evitar que se lleve a cabo, como diría García Marques, La Crónica de una Muerte Anunciada, pues la cantaleta de este asesinato lleva años de haber sido anunciada por López Obrador y sus allegados. Sólo recordar cómo Félix Salgado Macedonio, compadre de nuestro Presidente, arengó al pueblo, para trasladar la protesta frente al INE a la casa particular de Lorenzo Córdova, presidente del mismo, en virtud de haber sido afectado por una decisión del Consejo General de dicho instituto, es recordar los nefastos episodios de la quema de brujas en leña verde, frecuente durante el oscurantismo de la Edad Media. Lo menciono, para estar preparados, sobre todo los líderes de los partidos de oposición, que deberán dar la cara en la batalla frontal que se avecina, sí, pero palpando el apoyo de la clase media, que en esta época, cabría decir, representamos la mayoría de los ciudadanos.

Vienen a la mente las palabras de Eisenhower, expresidente de EUA: “La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”, a lo que habría que agregar, en especial en una época de crisis como la que vivimos en nuestro amado México. 

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