Elecciones Coahuila: son pura pirotecnia

Dos cosas deben decirse con claridad y sin ambigüedades respecto de las campañas políticas (independientemente de dónde tengan lugar):

Primero: son espacios en los cuales, necesariamente, debe airearse el “lado oscuro” de quienes aspiran a representarnos en los órganos públicos de decisión. Resultaría ingenuo ponernos a escoger entre las opciones disponibles como si estuviéramos frente a un aparador en el cual se exhiben sólo ejemplos de pulcritud y recta conducta.

Existe, por cierto, una posibilidad aún peor a la anterior y es la de caer en la trampa de los apologistas de campaña, quienes todos los días tratan de convencernos de un bonito punto de hadas: atestiguamos una contienda dicotómica en la cual, de un lado (el suyo, desde luego) se concentra toda la virtud y del otro (el de sus opositores) se ubica todo lo reprobable.

Segundo: la exhibición de los pecados de los contendientes –y/o sus adláteres– debería acarrear consecuencias. Idealmente tales consecuencias deberían registrarse en el terreno legal, pero al menos se esperaría verlas en el ámbito político.

Lo anterior es particularmente deseable cuando los esqueletos sacados del clóset están relacionados con actos de corrupción y, además, apuntan a hechos concretos, susceptibles de ser verificados, reconstruidos, investigados y, sobre todo, sancionados. En estos casos uno esperaría ver consecuencias.

Porque, si en el curso de las campañas se registran denuncias –referidas a hechos concretos– pero nada ocurre, entonces la contienda se transforma en la peor versión de la lucha política y se aleja del ideal democrático. Dicho con mayor claridad, la competencia política se convierte en una donde el objetivo es exhibir el mayor cinismo posible.

Desestimar las denuncias escuchadas solamente “porque se dijeron en campaña” implica haber llegado al peor de los estadios de la convivencia social: el de la normalización de lo irregular, la aceptación del cochupo como regla de conducta universal y el cinismo como vocación colectiva.

Conviene decirlo con todas sus letras: las contiendas electorales no son –no pueden ser– una pasarela donde sólo tiene cabida la virtud. Y eso es así por una razón simple: ascender en el escalafón de la vida pública implica –necesariamente y por desgracia– transitar por territorios donde el lodo es el único sustrato para colocar los pies.

Existe, sin embargo, una diferencia importante entre pisar el lodo de forma coyuntural –y, en esencia, debido a la inexistencia de alternativas– y haber tomado la decisión de habitar en él y, eventualmente, hacer alarde de ello.

La clase política –al menos en México– está habitada mayoritariamente por especímenes de la segunda categoría: individuos moralmente contrahechos para quienes el acceso al poder público tiene el único y exclusivo propósito de servir a sus intereses y para los cuales, cada vez más claro está, no existen límites y nada se ubica más allá de lo permisible.

La perseverancia en esta pervertida conducta, sin embargo, deja huellas imposibles de borrar; pistas a partir de las cuales puede reconstruirse la indecencia; evidencias cuyo descubrimiento debería descalificar para ocupar una posición relevante en el escenario público.

Ese tipo de evidencias, por regla general, se airean en las contiendas electorales –sobre todo en las nuestras– por dos razones esenciales: nuestros políticos suelen tener pocas virtudes como para admirarles y siempre parece más fácil intentar convencer al electorado de la inconveniencia de votar por “el corrupto de enfrente”.

En la actual campaña de Coahuila se han pronunciado –particularmente en los tres debates realizados hasta ahora– un buen número de señalamientos cuya revelación debería escandalizarnos, primero, y llevarnos a considerar seriamente la idea de no votar por quienes, o han sido señalados como directos responsables, o se les acusa de cómplices de hechos presuntamente delictivos.

Desestimar los señalamientos, insisto, nos convierte a todos en un ejército de cínicos. Seguiremos en el tema.

@sibaja3