¿Por qué Nuevo León debe ser modelo de seguridad pública para entidades como Michoacán?
Sin Censura
Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con las autoridades estatales y municipales de Michoacán. Se trata de marcar acciones concretas del Plan por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es debatible designar a Claudia Quiroz, esposa del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, como alcaldesa sustituta de ese municipio. Sin embargo, se asume que su designación deriva de un intento por contener el comprensible descontento de la gente de Uruapan, dado el ambiente de violencia desbordante que ha asolado la región, disputada por varias bandas del crimen organizado.
Al margen de diferencias económicas y de actividades productivas, es inevitable comparar las condiciones de Uruapan —y en general de Michoacán— con las que vivimos en Nuevo León.
Aquí hemos registrado un evidente descenso en los homicidios dolosos durante 2025.
Leí los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y ahí se señala que nuestra entidad consiguió reducir estas cifras, posicionándonos como líder nacional en la disminución de este delito.
¿Por qué aquí lo logramos y en Michoacán no?
Vale la pena comparar las estrategias que han contribuido a esta tendencia positiva y los resultados de los planes de pacificación: mientras en Nuevo León han tenido éxito, en Michoacán han obtenido lamentables resultados, con consecuencias en pérdidas de vidas humanas.
De enero a octubre de 2025, Nuevo León reporta una disminución de casi 60% en el número de homicidios dolosos en comparación con el mismo período del año anterior. Específicamente, entre enero y septiembre, se contabilizaron 586 casos, lo que representa una caída notable respecto a los niveles de 2024.
En julio, por ejemplo, se registraron 44 homicidios, el promedio más bajo en la última década. Y si analizamos agosto, notaremos que la baja fue de 52 casos reportados.
A nivel anual, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes fue de 8 en 2025, la más baja históricamente. Esto contrasta con el pico de violencia observado en entidades como Michoacán, donde la tasa supera los 28 casos por 100,000 habitantes.
En términos acumulados, 2025 es un año récord en materia de seguridad en Nuevo León y un estado casi fallido en Michoacán. Las cosas como son.
Incluso en categorías como los feminicidios en Nuevo León, la tendencia es similar: la tasa bajó de 1.75 en 2024 a 0.97 en 2025, representando una caída del 0.78 puntos, la más significativa entre las entidades federativas.
¿A qué se debe este descenso en Nuevo León y el ascenso de la violencia en Michoacán?
Es resultado de una combinación de factores estratégicos aplicados por autoridades estatales y federales.
En primer lugar, la Estrategia Nacional de Seguridad ha jugado un rol central en Nuevo León, con un enfoque en la coordinación entre niveles de gobierno.
Localmente, el gobierno estatal de Michoacán ha actuado con negligencia; en cambio, en Nuevo León han impulsado operativos de inteligencia y presencia policial reforzada, lo que disuade actividades del crimen organizado y ha reducido los homicidios del fuero común en un 73% y los del fuero federal en un 33% durante el año.
Otro factor clave en Nuevo León es la inversión en programas preventivos. A diferencia de Michoacán, Nuevo León ha priorizado la pacificación mediante iniciativas que abordan las raíces de la violencia, como la mejora en la educación, el empleo juvenil y la rehabilitación de espacios públicos en zonas de alto riesgo.
La percepción ciudadana también ha mejorado en Nuevo León y empeorado en Michoacán. Aquí reportamos un aumento en la confianza hacia las instituciones de seguridad, lo que fomenta la denuncia y la prevención.
Si bien estos avances son alentadores, señaló que la sostenibilidad depende de mantener la inversión en seguridad y abordar desafíos pendientes, como la influencia de cárteles en áreas rurales.
Nuevo León, con su reducción de homicidios, debe servir de modelo para Michoacán, demostrando que una combinación de represión inteligente y prevención social puede transformar la realidad de la violencia.