Opinión

Judicialización de la vida pública

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Judicialización de la vida pública

El Congreso del estado está solicitando la destitución del secretario de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, por incumplir por omisión sus obligaciones constitucionales, veámoslo a continuación.

Piden a Gobierno no meter las manos en proceso de Fiscal

En poco tiempo, el Poder Legislativo, pasó de una sumisión ciega a un enfrentamiento directo con el Ejecutivo por no existir voluntad al cumplimiento de la palabra al imperar intereses personales o de grupo, generando una judicialización de las decisiones de los diputados locales, en última instancia utilizándola como excusa para la no publicación de los decretos en el Periódico Oficial del Estado (POE), ocasionando un trastorno a la vida democrática de la ciudadanía.

Como es del conocimiento general, el referido secretario es el responsable de mantener la gobernabilidad en la entidad, su obligación con el Congreso es llevar una comunicación entre poderes y ordenar la publicación en el POE de las leyes y decretos que se expidan, en este punto es donde ahora está focalizado el problema.

El presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado dirigió cinco comunicados a la Lic. Verónica Dávila Maya, responsable del POE, con la finalidad que se publiquen los decretos sancionados, los cuales deberían de haberse impreso al día siguiente de recibir el comunicado, pero la mayoría de los casos no fueron acatados. En el oficio del 10 de junio se expresó: “Se informe la razón por la cual no han sido objeto de publicación, teniendo como referencia que el plazo para obtenerlo está fenecido”. En los del 11 de julio, fue muy claro y preciso de la obligación de acatar el comunicado; el 20 de octubre se señaló: “no existiendo fundamento legal que permita postergar indefinidamente la publicación de los mismos… me permito solicitar su publicación”. Finalmente, el día 1 de noviembre se reiteró: “solicitar la publicación de dichos decretos”. Todos estos exhortos no rindieron frutos y todo quedó en simple papeleo.

Al no existir voluntad de cumplir con la ley, el presidente de la Mesa Directiva presentó una denuncia penal por abuso de autoridad al responsable directo del POE, por la omisión de no publicar 56 decretos, de los cuales muchos sí fueron publicados, por ejemplo:
1.Uno fue publicado en tiempo y forma.
2.En cuatro todavía no vencía el plazo para las observaciones.
3.22 fueron publicados fuera de tiempo.

Solamente quedan 29 sin publicarse, según la Fiscalía Anticorrupción, algunos se refieren a temas como: la desincorporación del dominio público de un inmueble propiedad del gobierno del estado para trasmitirlo en donación a la Fiscalía General del Estado, varios referentes al financiamiento del municipio de García, autorización al municipio de Escobedo para afectar un porcentaje de sus participaciones federales, aperturas y clausuras de diversos periodos extraordinarios, modificaciones a diversas leyes, entre otros.
En los próximos días se definirá el destino del secretario General de Gobierno, sabremos si es destituido e inhabilitado, cuya denuncia consta en un expediente de 558 fojas en 1,122 cuartillas donde se sustenta la omisión de sus acciones.

Independientemente del rumbo que tome este proceso, quienes salen perdiendo son los ciudadanos, porque el conocimiento y la difusión de las nuevas disposiciones sirve para dar certeza y legalidad a la vida pública y privada, al existir un “limbo” jurídico por no darse a conocer las reformas a los ordenamientos jurídicos, se corre el riesgo de que las personas omitan o actúen culposamente en situaciones que ponen en riesgo su integridad y patrimonio.
Un gobierno humanista respetaría la división de poderes, sería garante del cumplimiento de la ley, pero a la vez tendría puentes de comunicación con las diferentes fuerzas políticas para llegar a acuerdos en beneficio de Nuevo León, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram, prefiere judicializar el cumplimiento de la ley antes de llegar a consensos con el Poder Legislativo.

En conclusión, Nuevo León requiere de servidores públicos respetuosos del Estado de Derecho para poder trabajar en beneficio de la gente.


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