Piratas en el Congreso

Los políticos se mantienen unidos siempre y cuando no surjan diferencias entre ellos por el reparto de los cotos de poder, sobre todo en los que se maneja sustancioso presupuesto; cuando se sienten afectados, usan todo tipo de recursos para recuperar la parte del botín que consideran les pertenece, sin importarles que su disputa provoque la ingobernabilidad. Esta crisis política queda manifiesta en la confabulación emprendida por los diputados del PRI y el PAN para mermar las facultades del Poder Ejecutivo, como auténticos piratas pretenden apoderarse de las atribuciones del gobernador; veámoslo a continuación.

Desde el inicio de la LXXVI Legislatura, sus integrantes intentaron arrebatarle al Ejecutivo varios organismos descentralizados, los cuales tienen un común denominador: manejan muchos recursos públicos. ¿Qué casualidad? Esto no lo pudieron materializar debido a las protestas de la sociedad civil. Sin embargo, los diputados no se dieron por vencidos, ya que luego se presentó la ocasión de escoger un cuarteto para integrar la propuesta de la que se designaría el nuevo fiscal general; ¿oh sorpresa?, todos los perfiles tenían un mismo sello: una relación directa con el excandidato del PRI a la gubernatura. Este asunto se está dirimiendo en los tribunales. En otro frente, durante las sesiones previas a la Navidad pasada, los diputados les regalaron a los dueños de los casinos la condonación de sus derechos, al mismo tiempo que aumentaban el predial a los ciudadanos. ¡Qué incongruencia!

Podríamos seguir citando más casos en los que el Congreso pretende quitar atribuciones al Ejecutivo, por cuestiones de espacio basta referir un hecho inédito en donde demostraron su desesperación por lograr su cometido. La semana pasada se obsequiaron unas megavacaciones como un acto de protesta por la suspensión provisional otorgada por un juez para que el Decreto 340 no entre en vigor hasta determinar el fondo del asunto: considerar si las reformas son aplicables al actual gobierno.

El Lic. César Omar Garza Montemayor, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, actuó bien al otorgar la suspensión del decreto referido. Por su importancia transcribiré algunos puntos sobresalientes de dicha resolución: “El contenido de la nueva reglamentación que pretende imponer el Congreso del estado de Nuevo León, conlleva la limitación y hasta la eliminación vía atracción hacia el Poder Legislativo de determinadas atribuciones y facultades que se analizaran al resolver el fondo del juicio de amparo del que deriva este incidente”. Más adelante señala: “… al ponderar la apariencia de buen derecho se advierte que el cambio de reglas contenidas en el Decreto 340 aludido, es probablemente contrario al artículo 14 Constitucional, en cuanto a la prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna”, por esta razón “se otorga la suspensión provisional… sin que le sean aplicables, por ahora, la reformas contenidas en el citado decreto”. La parálisis legislativa está al orden del día como muestra frustrante de tener gobiernos divididos que sólo ven por sus intereses.

Hay que decirlo claramente: la decisión temporal dictada por el juez va en contra de la estrategia de los caciques del PRIAN que intentan obtener a la mala lo que no les fue concedido mediante el voto ciudadano. Lo único que logran es denigrar el servicio público y transgredir nuestro Estado de Derecho. Ellos han sido y son el origen de los problemas estructurales que padece la entidad.

Un gobierno humanista acabaría con la parálisis legislativa persuadiendo a un solo diputado de la oposición, para así restarle mayoría y destrabar la ingobernabilidad existente, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram prefiere agravar las relaciones para publicar historias de mártir en sus redes sociales.

En conclusión, los nuevoleoneses exigimos que los tres poderes trabajen en armonía para resolver los problemas que aquejan a lo único importante: la gente.