Urge fiscal

Los políticos con tal de imponer sus intereses actúan de manera autoritaria sin medir las consecuencias provocadas por los excesos de poder, como sucede actualmente con la pugna que mantiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo en torno a la postergada designación del fiscal General del Estado (FGE); veámoslo a continuación.

El 5 de octubre del año pasado renunció el FGE aduciendo su deseo de jubilarse por haber cumplido más de 40 años en el servicio público. Al abrirse el proceso para designar al nuevo titular, el jefe del Ejecutivo impugnó ante la Suprema Corte de Justicia dicho procedimiento quedando suspendido indefinidamente.

Los diputados al aprobar la reforma integral a la Constitución se les olvidó leerla porque se estipula que las ausencias del FGE serían suplidas en los términos de la ley orgánica; al no concatenarla, el exfiscal tuvo que incluir esa hipótesis en el reglamento interior para quedar como sigue: “Cuando las ausencias excedan de 30 días será suplido por quien haya designado el propio FG mediante simple oficio”. El encargado del despacho, Lic. Pedro José Arce Jardón, va a cumplir en esta semana siete meses con un nombramiento sustentado en un reglamento. ¿Cómo es posible?. En consecuencia, sus facultades están limitadas.

Hay que decirlo claramente, la FGE es un elefante reumático, además de ineficiente es costosa; al comparar las sentencias judicializadas con las denuncias y querellas interpuestas durante el primer trimestre de 2021, 2022 y el año actual, se observa que la eficiencia tiende a disminuir paulatinamente del 5.2%, 4.2% y 4%, respectivamente; más aun, si se divide el presupuesto con resultados, cada sentencia ha costado $192,490, $160,836 y $150,769 pesos, respectivamente. Además, cada mes se incrementa el rezago haciendo imposible que lleguen a buen fin miles de carpetas pendientes, tema que amerita un análisis posterior.

En virtud del largo tiempo que lleva el Lic. Arce Jardón como encargado del despacho de la FGE, no se justifica su estatus por ostentar un nombramiento fácilmente impugnable, peor aún, por no estar facultado para realizar los cambios estructurales que requiere la institución para cumplir cabalmente su encomienda.

El perfil de quien ocupa el encargo tiene varias ventajas que se deben de tomar en cuenta:

1. Lleva más de 20 años trabajando en esta institución.

2. En los dos últimos procesos de selección ha quedado como finalista.

3. Durante su exposición ante el comité de selección que designa a los cuatro finalistas, demostró conocimientos sólidos en la materia.

4. El gobierno del estado no ha tenido ninguna confrontación pública con él.

En la referida exposición, se comprometió a mejorar el funcionamiento del órgano judicial, como la implementación de protocolos especializados, posibilitar las quejas de los ciudadanos en contra de la dependencia, entre otros. Por consiguiente, debe establecerse un acuerdo político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para ratificarlo en el cargo de FGE.

Un gobierno humanista hubiera sido respetuoso de la división de poderes; por ende, la designación del fiscal no se habría judicializado, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram, le gusta jugar a las vencidas con los otros poderes para demostrar triunfalismo en las redes sociales.

En conclusión, Nuevo León requiere de un titular en la FGE para que se pueda enfocar en lo único importante: la gente.