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Caso Frichem podría alcanzar hasta 25 años de prisión

Por tratarse de personas que aún enfrentan un proceso, la responsabilidad penal deberá establecerse mediante una sentencia

Por Sergio Rodríguez | 18 Agosto 2026

La investigación por el caso de maltrato animal en la Fundación Frichem podría llevar a la Fiscalía General del Estado a plantear un concurso real de delitos por el número de perros afectados. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro, explicó que cada animal puede representar un hecho susceptible de análisis penal, de acuerdo con las conductas acreditadas durante la investigación.

El funcionario señaló que Juan Manuel “N”, identificado como cuidador del albergue, permanece en prisión preventiva luego de que la Fiscalía judicializó la carpeta de investigación. 

Los dictámenes veterinarios realizados a los perros localizados durante el cateo establecieron lesiones y distintos grados de desnutrición, elementos que fueron incorporados a la investigación para determinar las posibles responsabilidades.

Maltrato animal podría generar concurso de delitos

Lazo Chapa explicó que el artículo 261 del Código Penal de Coahuila establece actualmente una pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 500 días multa para diversas conductas de crueldad contra seres sintientes. La legislación contempla, entre otros supuestos, el abandono deliberado que prive al animal de alimento, agua o atención médica, además de otras conductas de violencia.

El delegado señaló que la Fiscalía analiza la aplicación de las reglas del concurso real de delitos debido a que existen múltiples animales afectados dentro de la investigación. 

El Código Penal establece que existe concurso real cuando mediante una pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos, por lo que corresponderá a la autoridad judicial determinar si esta figura resulta aplicable al caso.

En términos aritméticos, si se multiplicara el máximo de cuatro años previsto para un hecho por cada uno de los 53 perros considerados en la investigación, el resultado sería de 212 años. 

Sin embargo, esa operación únicamente representa la suma de los máximos individuales y no equivale a la pena que necesariamente podría imponer un juez al concluir el proceso.

El propio Código Penal de Coahuila establece reglas específicas para el concurso real.

 El artículo 82 señala que el juez debe individualizar la pena correspondiente al delito más grave y puede aumentarla hasta el máximo de las penas que corresponderían a los delitos restantes, pero ese incremento es potestativo y debe estar debidamente motivado.

La misma disposición establece que la pena total unificada debe respetar los límites previstos en el artículo 90 del Código Penal estatal. En los casos de concurso de delitos en los que ninguno sea considerado grave, la fracción II de ese artículo establece que la pena total unificada de prisión no puede exceder de 25 años.

El listado de delitos graves que utiliza el artículo 90 para establecer límites superiores incluye homicidio, feminicidio, violación, determinados casos de robo con violencia, asociación delictuosa, extorsión, simulación de retenes y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. 

El delito de crueldad contra seres sintientes previsto en el artículo 261 no aparece dentro de ese listado.

Por ello, si la investigación concluye únicamente con delitos de crueldad contra seres sintientes que sean considerados no graves y el juez determina que existe concurso real, la pena total unificada de prisión tendría como límite 25 años. 

Esto significa que los 212 años derivados de una suma matemática de 53 penas máximas no constituyen una condena posible en esos términos.

La individualización de la pena dependerá de los hechos que logren acreditarse, el número de delitos que determine la autoridad judicial, las circunstancias de cada conducta y el grado de responsabilidad que corresponda a cada imputado. 

Por tratarse de personas que aún enfrentan un proceso, la responsabilidad penal deberá establecerse mediante una sentencia.

Fiscalía investiga responsabilidad de representante

La investigación también llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de aprehensión contra Liberth “N”, identificada por la autoridad como representante de la asociación y persona relacionada con la constitución de la Fundación Frichem. 

Lazo Chapa explicó que una de las líneas de investigación busca establecer si tenía una posición de garante respecto de los animales que permanecían bajo resguardo de la organización.

El delegado señaló que inicialmente no existían elementos para afirmar que la representante hubiera causado directamente las lesiones encontradas en los perros. 

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, los datos de prueba reunidos posteriormente permitieron investigar su posible responsabilidad derivada del cuidado y resguardo de los animales.

La orden de aprehensión fue cumplimentada después de labores de investigación y seguimiento realizadas por elementos policiales. Liberth “N” deberá comparecer ante la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica, mientras la Fiscalía presenta los datos de prueba que considere pertinentes para sustentar la imputación.

Lazo Chapa indicó que la investigación permanece abierta y que todavía se analizan posibles responsabilidades de otras personas relacionadas con el albergue.

La Fiscalía continuará recabando información y, en caso de reunir datos suficientes, podría solicitar nuevas actuaciones ante un juez.

Respecto a los narcóticos localizados durante el cateo, el delegado explicó que las cantidades encontradas corresponden, de acuerdo con la valoración realizada por la autoridad, a niveles de consumo. 

Por ello, señaló que en este momento ese aspecto no representa necesariamente un asunto que deba ser turnado a la autoridad federal por las cantidades encontradas.

El caso comenzó a partir de denuncias relacionadas con las condiciones en que se encontraban los perros resguardados en un inmueble de Castaños. 

Durante el cateo fueron localizados animales con diferentes afectaciones de salud, lo que derivó en dictámenes veterinarios y en la apertura de líneas de investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas para determinar quiénes pudieron intervenir por acción u omisión en las condiciones encontradas. 

El artículo 261 vigente contempla sanciones para diversas formas de crueldad y establece además el decomiso de los seres sintientes que se encuentren bajo cuidado o resguardo del responsable.

Mientras Juan Manuel “N” permanece sujeto a prisión preventiva y Liberth “N” enfrenta el procedimiento judicial correspondiente, la investigación continúa. 

La eventual pena dependerá de la clasificación jurídica de los hechos, las pruebas que sean admitidas y valoradas durante el proceso y la decisión que finalmente adopte la autoridad judicial.

En consecuencia, el referente de hasta 25 años de prisión corresponde al límite de la pena total unificada previsto para un concurso de delitos cuando ninguno de los delitos que lo integran es considerado grave. 

No significa que esa cantidad vaya a imponerse automáticamente, pues la pena concreta deberá ser individualizada por el juez conforme a las circunstancias y responsabilidades que queden acreditadas.

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