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Gasolineros respaldan clausura de estación por presunto huachicol
El representante empresarial explicó que los establecimientos que cumplen con la normatividad enfrentan una situación de competencia desigual
Por Sergio Rodríguez | 12 Agosto 2026
La clausura de una estación de servicio ubicada al oriente de Monclova, ejecutada por la Fiscalía General de la República la noche del lunes, fue considerada por empresarios del sector como una acción relevante contra la comercialización de combustible presuntamente ilícito. El procedimiento está relacionado con la carpeta de investigación FED/COAH/MONC/0000542/2026.
Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario gasolinero de Coahuila, sostuvo que el cierre de la estación representa una advertencia para quienes comercializan hidrocarburos sin atender las disposiciones fiscales y legales. Explicó que los establecimientos que trabajan formalmente enfrentan actualmente condiciones complicadas, principalmente por el control de los precios de los combustibles, situación que reduce los márgenes de operación.

El empresario señaló que el precio de referencia de la gasolina Magna se encuentra actualmente alrededor de los $24 pesos por litro, mientras que el diésel ronda los $27.30 pesos. Indicó que mantener esos niveles representa un reto para los establecimientos que deben cubrir impuestos, gastos administrativos, costos operativos y las obligaciones establecidas por las autoridades para mantener sus actividades dentro de la legalidad.
Gasolineros de Coahuila demandan competencia en igualdad de condiciones
Oyervides Rodríguez afirmó que los empresarios que cumplen con las disposiciones vigentes están de acuerdo con que las autoridades realicen inspecciones y revisiones para localizar combustible de procedencia ilegal. Consideró que el llamado huachicol representa un problema que perjudica tanto a Petróleos Mexicanos como a las empresas que adquieren combustible legalmente y cumplen con las obligaciones fiscales y regulatorias correspondientes.

El empresario señaló que el robo y la comercialización ilegal de combustibles generan consecuencias económicas que alcanzan a las regiones donde se realizan estas actividades. Por ello, consideró necesario que las investigaciones permitan establecer de dónde proviene el producto asegurado, quiénes participan en su distribución y hasta dónde llega la posible cadena de comercialización relacionada con el combustible de procedencia ilícita.
También recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha mantenido el planteamiento de aplicar una política de cero tolerancia frente a las actividades fuera de la ley en Coahuila. En ese contexto, consideró que el operativo realizado en Monclova muestra una actuación conjunta entre las instituciones responsables de investigar y combatir el robo y la distribución ilegal de hidrocarburos.
Investigan posible red de distribución ilegal de combustible
Respecto a la estación clausurada, Oyervides Rodríguez mencionó que existen versiones relacionadas con un posible cambio en la propiedad del establecimiento, aunque afirmó desconocer quiénes son actualmente sus propietarios. Añadió que el caso podría tener una dimensión mayor y estar relacionado con una red dedicada a la distribución ilegal de combustible con operaciones en diferentes regiones del país.
El representante empresarial explicó que los establecimientos que cumplen con la normatividad enfrentan una situación de competencia desigual cuando existen estaciones que registran una elevada cantidad de clientes y aparentemente tienen menores costos de operación. Señaló que una posible razón es que algunos negocios podrían evitar el pago de impuestos o incumplir obligaciones que sí deben cubrir las empresas que trabajan formalmente.
Finalmente, el empresario sostuvo que quienes adquieren combustible a Petróleos Mexicanos y cumplen con las disposiciones fiscales, administrativas y regulatorias deben competir bajo las mismas condiciones que el resto de los participantes. Reiteró que los gasolineros de Coahuila respaldan las acciones contra el combustible ilícito y buscan que el mercado mantenga un “piso parejo”, sin ventajas obtenidas mediante actividades fuera de la ley.