Investigan a juez por irregularidades en procesos de despojo

Más de 10 quejas administrativas habrían sido presentadas ante el Consejo de la Judicatura contra el juez Óscar Cadena, por presuntas irregularidades relacionadas con procedimientos de despojo de inmuebles, afirmó Miguel Ángel Reyna Adams, vocero del Foro de Abogados de Monclova.

El representante de los litigantes señaló que los casos involucran propiedades cuyos poseedores, según los señalamientos recibidos, no habrían tenido oportunidad de explicar ante la autoridad judicial la situación jurídica de los terrenos o construcciones que ocupaban. Aseguró que algunos de los inmuebles estarían relacionados con empresarios y políticos de la Región Centro.

Reyna Adams explicó que las quejas se relacionan con procedimientos iniciados a partir de denuncias por despojo, en los que una persona presenta escrituras para acreditar la propiedad de un inmueble y señala que ingresaron a éste meses después de haberlo dejado desocupado.

Según su explicación, posteriormente la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación correspondiente, realiza diligencias periciales, obtiene fotografías y determina los elementos que son presentados ante la autoridad judicial. El abogado cuestionó que, en los casos señalados, no siempre se otorgaría audiencia previa a los ocupantes.

Juez Óscar Cadena, señalado por restituciones de inmuebles

El vocero del Foro de Abogados afirmó que una de las principales inconformidades se refiere a solicitudes de restitución de inmuebles que, según su versión, son autorizadas una vez que la carpeta de investigación llega ante el juez. Aseguró que esto ocurre sin que las personas que ocupan las propiedades tengan oportunidad suficiente para defender su posición.

Reyna Adams sostuvo que en algunos expedientes las personas denunciadas cuentan con documentos que acreditan una relación previa con los inmuebles, mientras que los denunciantes presentan escrituras con varios años de antigüedad y argumentan que el ingreso de los ocupantes ocurrió recientemente.

El litigante cuestionó que, bajo ese esquema, se otorgue valor a la denuncia por despojo y posteriormente se solicite la restitución del inmueble. Añadió que existen casos en los que los afectados aseguran haber poseído los terrenos durante años antes de que se iniciara el procedimiento penal.

El vocero afirmó que las irregularidades denunciadas ante el Consejo de la Judicatura son parte de un conjunto de expedientes que, a su consideración, deben ser revisados individualmente para determinar si las actuaciones judiciales se apegaron a la legislación.

Quejas administrativas buscan revisar actuación judicial

Miguel Ángel Reyna Adams señaló que las quejas administrativas pretenden que la autoridad competente revise la actuación del juez Óscar Cadena y determine si existieron omisiones o irregularidades en los procedimientos cuestionados. Insistió en que el número de casos reportados supera la decena, aunque no proporcionó públicamente los números de expediente correspondientes.

El abogado explicó que, desde la perspectiva de los denunciantes, una persona señalada por despojo debe tener la posibilidad de explicar por qué se encuentra en determinado inmueble y presentar los documentos que considere necesarios para acreditar su derecho sobre la propiedad.

También cuestionó que después de la intervención del Ministerio Público se pueda solicitar directamente la restitución del inmueble ante la autoridad judicial. Dijo que, de acuerdo con los casos que conoce, algunas de estas solicitudes habrían sido autorizadas mediante el pago de una garantía económica.

Reyna Adams mencionó que en los expedientes señalados se han establecido garantías de alrededor de 50 mil pesos para concretar las restituciones, aunque durante la entrevista no precisó el número de casos en los que se habría aplicado esa medida ni aportó documentos que acreditaran cada señalamiento.

El representante de los abogados sostuvo que la investigación administrativa debe determinar si las decisiones fueron tomadas conforme al procedimiento establecido y si se respetaron los derechos de las personas que ocupaban los inmuebles antes de ordenar su restitución.

Las acusaciones se producen en un contexto en el que el desempeño del juez Óscar Cadena ya ha sido cuestionado públicamente en otros asuntos. En enero de 2026, un medio local publicó el señalamiento de una madre que acusó al juzgador de haber ignorado una suspensión provisional dentro de un conflicto judicial, aunque se trató de una acusación particular y no de una resolución que acreditara responsabilidad del juez. 

En otro antecedente publicado en 2023, familiares de una víctima de homicidio acudieron ante el Visitador del Consejo de la Judicatura para denunciar una resolución relacionada con la liberación de un acusado. Ese caso también fue presentado como un reclamo de particulares y no como una determinación administrativa de responsabilidad contra el juzgador. 

El Foro de Abogados de Monclova plantea ahora que los expedientes relacionados con presuntos despojos sean revisados por las instancias correspondientes. La finalidad, según Reyna Adams, es establecer si las actuaciones judiciales respetaron el derecho de audiencia, la defensa de los ocupantes y los requisitos establecidos para ordenar la restitución de propiedades.

Hasta los elementos consultados para esta información, los señalamientos expuestos por el vocero corresponden a quejas y acusaciones que deberán ser analizadas por las autoridades competentes.

La existencia de una investigación administrativa no implica por sí misma que el juez haya incurrido en responsabilidad, por lo que cualquier sanción dependerá de las determinaciones que emita el órgano encargado de revisar los casos.