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Tras ataque en Torreón, Salazar propone atención a menores
Aclaró que madres, padres y maestros no deben asumir funciones de diagnóstico, pero sí contar con herramientas para identificar señales de alerta
Por Irene Zapata | 06 Octubre 2026
Tras los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde una integrante del personal directivo perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas, el senador Luis Fernando Salazar Fernández presentó ante el Senado una propuesta para fortalecer la prevención y atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
El legislador planteó reforzar la coordinación entre autoridades educativas y de salud, familias y comunidades escolares.
Propone detectar señales de alerta y facilitar atención especializada
Salazar Fernández señaló que la atención no debe limitarse a los momentos de crisis, sino que debe existir una estrategia permanente para detectar oportunamente situaciones que requieran apoyo profesional.
Aclaró que madres, padres y maestros no deben asumir funciones de diagnóstico, pero sí contar con herramientas para identificar señales de alerta y conocer las instituciones a las que pueden acudir para recibir atención especializada.
El senador también llamó a fortalecer las acciones dirigidas a las familias y las capacidades de las autoridades estatales y municipales, además de mantener el acompañamiento integral a estudiantes, personal educativo y familias afectadas por los hechos de la Secundaria 13.
Recordó que Torreón ya había registrado un episodio de violencia dentro de un plantel educativo en enero de 2020, por lo que consideró necesario mantener políticas de prevención de manera permanente y no únicamente después de una emergencia.
Pide evitar la estigmatización de los problemas de salud mental
Asimismo, Salazar pidió evitar que los problemas de salud mental sean relacionados automáticamente con conductas violentas, al considerar que esta asociación genera estigmatización y discriminación.
Su propuesta contempla fortalecer la coordinación entre las secretarías de Salud y Educación Pública, así como las rutas de atención y orientación para menores y sus familias, bajo la premisa de que la prevención y el cuidado de la salud mental deben ser una responsabilidad compartida entre instituciones, escuelas y comunidad.