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Dictan prisión preventiva al expresidente de la U. de Chile

Michael Clark fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en un caso de corrupción financiera relacionado con Azul Azul

Por Emiliano Gutiérrez | 18 Agosto 2026

La Justicia chilena impuso prisión preventiva a Michael Clark, expresidente de Universidad de Chile y exdirigente de Azul Azul, concesionaria que administra al club, por su presunta participación en una investigación por corrupción financiera.

Clark, quien dejó la presidencia de Azul Azul en abril pasado, es investigado junto con otras 10 personas por una serie de presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos financieros y operaciones realizadas a través de fondos de inversión.

La Fiscalía le atribuye seis delitos: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Tras analizar los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la jueza Paulina Moya determinó que la libertad del exdirigente representa “un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación”.

Además de Clark, otras tres personas vinculadas con Sartor y fondos financieros bajo investigación también quedaron en prisión preventiva. El resto de los imputados quedó sujeto a medidas cautelares como arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

Investigan presunto uso irregular de fondos

De acuerdo con el Ministerio Público, los ejecutivos involucrados habrían diseñado un esquema para utilizar recursos pertenecientes a fondos de inversión, entre ellos Sartor, para financiar entidades relacionadas con sus propietarios, socios o administradores, lo que habría perjudicado los intereses de los inversionistas.

La investigación adquirió mayor relevancia después de que la Fiscalía realizara en mayo allanamientos en las oficinas de Azul Azul, ubicadas en la sede de Universidad de Chile, además del domicilio de Clark.

Las diligencias forman parte de una investigación más amplia sobre las operaciones financieras realizadas por personas relacionadas con la concesionaria y distintos fondos de inversión.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció un plazo de 120 días para que el Ministerio Público continúe con las diligencias, recopile nuevos antecedentes y determine las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

Universidad de Chile analiza su vínculo con Azul Azul

La situación también generó preocupación dentro de la Universidad de Chile, institución que analiza jurídicamente el vínculo que mantiene con Azul Azul y el convenio que permite a la concesionaria utilizar el nombre y los símbolos representativos de la casa de estudios.

La semana pasada, la universidad informó que un primer análisis detectó “graves y reiterados incumplimientos” al convenio de autorización de sus símbolos distintivos.

La prorrectora Dorotea López Giral explicó que todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro del convenio, pero advirtió que la institución considera que el uso de su nombre y símbolos podría haberse visto afectado por conductas que se alejan de los valores y principios que representa.

Mientras continúa la investigación penal, la Universidad de Chile deberá definir si mantiene las condiciones actuales de su relación con Azul Azul, en medio de la crisis que enfrenta la concesionaria por las acusaciones financieras contra algunos de sus integrantes.

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