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México gana arbitraje al evitar pagar $600 millones tras amparo

La reclamación se originó por la revocación de esas concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México, medida que afectó sus inversiones

Por Diana Valeria Leyva | 29 Septiembre 2026

La Secretaría de Economía informó que México obtuvo un fallo favorable en el arbitraje internacional iniciado por Doups Holdings LLC, empresa estadounidense que reclamaba más de $600 millones de pesos al amparo del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La controversia fue presentada en 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre inversionistas y Estados.

La empresa argumentó que era un inversionista estadounidense con participación en Pagomet, compañía mexicana que contaba con concesiones para instalar y operar parquímetros en Ciudad de México.

La reclamación se originó por la revocación de esas concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México, medida que, según Doups, afectó sus inversiones.

Desde el inicio del procedimiento, México cuestionó la validez de la reclamación y señaló irregularidades relacionadas con la conformación de la empresa filial, su nacionalidad y control, además de requisitos procesales establecidos en el TLCAN.

Tribunal desestima el arbitraje

En septiembre de 2026, el Tribunal Arbitral determinó que carecía de jurisdicción para resolver las reclamaciones de Doups y desestimó el procedimiento en su totalidad.

Entre sus conclusiones, señaló que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó tener el control de Pagomet, no podía reclamar como propias las pérdidas de la empresa y tampoco cumplió con requisitos establecidos en el TLCAN antes de iniciar el arbitraje.

Además, el tribunal ordenó a Doups pagar a México más de $1 millón de dólares por concepto de gastos y costos derivados del procedimiento.

La defensa de México estuvo encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, perteneciente a la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo del despacho Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

La dependencia federal también destacó la participación de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México durante el desarrollo del arbitraje.

 

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