Argentina acelera sanciones por proyectos petroleros en Malvinas

El Gobierno de Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por sus posibles vínculos con proyectos de exploración y explotación petrolera en las inmediaciones de las islas Malvinas.

Las actuaciones estarán a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y buscarán determinar si los investigados participaron de manera directa o indirecta en operaciones realizadas sin autorización argentina, en una zona bajo administración británica cuya soberanía reclama el país sudamericano.

Investigación alcanza a accionistas y proveedores

El procedimiento no se limita a las petroleras encargadas de los proyectos. También contempla a accionistas, directivos, consultoras, entidades financieras y compañías que presuntamente habrían proporcionado servicios técnicos, logísticos o comerciales.

La medida se sustenta en la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental reclamada por Argentina sin la habilitación de sus autoridades. La legislación también alcanza a quienes inviertan, contraten o colaboren con empresas involucradas en dichas operaciones.

La apertura de los expedientes no representa todavía una sanción definitiva. Cada persona o compañía tendrá la oportunidad de presentar pruebas y argumentos antes de que la Cancillería determine si existe responsabilidad administrativa.

Sea Lion concentra la disputa petrolera

Una parte central de la investigación está relacionada con Sea Lion, un yacimiento ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Malvinas, cuya primera etapa es desarrollada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Navitas encabeza el proyecto con una participación del 65 por ciento, mientras que Rockhopper conserva el 35 por ciento restante. Las compañías aprobaron a finales de 2025 una inversión inicial cercana a mil 800 millones de dólares y contemplan comenzar la producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028.

Ambas petroleras ya fueron inhabilitadas anteriormente para operar en Argentina durante 20 años. Navitas y Rockhopper, sin embargo, sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y aseguran que las medidas argentinas no modificarán el calendario de Sea Lion.

Argentina acelera procesos contra posibles infractores

Mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno argentino designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento más rápido para investigar las operaciones petroleras relacionadas con las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Los posibles infractores dispondrán de diez días hábiles administrativos para presentar su defensa y ofrecer pruebas. Además, las dependencias del Gobierno deberán informar en un plazo máximo de cinco días cualquier actividad que pudiera incumplir las restricciones vigentes.

Las sanciones previstas incluyen inhabilitaciones de cinco a 20 años para realizar actividades en Argentina. En caso de que alguna de las empresas investigadas tenga concesiones petroleras dentro del país, estas podrían ser revertidas al Estado nacional o a las provincias.

La normativa también busca impedir que compañías vinculadas con operaciones no autorizadas accedan a permisos, concesiones o beneficios fiscales contemplados en el régimen argentino para grandes inversiones.

Petroleras internacionales descartan participar

Tras la apertura de los procedimientos, empresas internacionales de servicios petroleros informaron que no participan ni tienen previsto intervenir en proyectos de hidrocarburos en las Malvinas.

El pronunciamiento busca despejar posibles vínculos con Sea Lion ante el riesgo de perder oportunidades de inversión y contratos dentro del territorio argentino.

Aunque Argentina no administra las islas y no puede detener directamente las operaciones petroleras, la estrategia pretende elevar los costos legales y comerciales para las empresas involucradas, además de fortalecer su reclamo de soberanía frente al Reino Unido.