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Ciberataque vulnera a 1.3 millones en sistema judicial de Arizona
Además de los registros de multas y restituciones, los responsables del ataque obtuvieron información de casi 30,000 órdenes de protección
Por Diana Valeria Leyva | 07 Octubre 2026
Un ciberataque contra el sistema judicial de Arizona provocó el robo de información de 1.3 millones de personas, en un incidente que, de acuerdo con las autoridades, habría comenzado cuando un empleado abrió un enlace malicioso enviado por correo electrónico.
La Corte Suprema de Arizona informó que los atacantes copiaron datos relacionados con personas que tenían multas o pagos de restitución pendientes por delitos e infracciones de tránsito, algunos de los cuales se remontan hasta tres décadas.
Además de los registros de multas y restituciones, los responsables del ataque obtuvieron información de casi 30,000 órdenes de protección, tanto activas como inactivas.
También fueron sustraídos alrededor de 150,000 informes elaborados por una junta de crianza temporal, organismo que emite recomendaciones en casos donde se cuestiona la capacidad de los padres para cuidar a un menor.
El personal tecnológico de la Corte Suprema detectó y detuvo el ataque aproximadamente dos horas después de identificarlo, el pasado 24 de septiembre, cuando la intrusión fue contenida en un servidor de respaldo.
Tribunal descarta afectaciones a los procesos
El tribunal ya notificó a las personas potencialmente afectadas y mantiene una investigación para determinar el alcance y las circunstancias del ataque.
El portavoz de la Corte Suprema de Arizona, Alberto Rodríguez, señaló que hasta el momento no existe evidencia de que la información sustraída haya sido utilizada o compartida después de la intrusión.
Rodríguez añadió que el incidente no provocó afectaciones ni retrasos en los procesos judiciales. Las autoridades tampoco detectaron modificaciones o eliminación de registros.
La Corte Suprema indicó que los atacantes no obtuvieron información relacionada con jurados, testigos ni empleados del tribunal.
Esta investigación continúa para identificar a los responsables y determinar exactamente cómo ingresaron al sistema judicial, así como las posibles consecuencias derivadas de la exposición de los datos.