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Colombia defiende operación contra FARC tras muerte de menores
La Defensoría del Pueblo también ha pedido reforzar las medidas de protección para niños y adolescentes reclutados por grupos armados
Por Diana Valeria Leyva | 31 Agosto 2026
El gobierno de Colombia defendió el bombardeo contra un campamento de disidencias de las FARC en Guaviare, luego de que Medicina Legal confirmara que tres menores de edad murieron durante la operación militar.
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó las acciones de las Fuerzas Armadas y aseguró que los grupos armados que reclutan menores para convertirlos en combatientes o utilizarlos como escudos humanos deben responder por esos delitos.
Esta operación ocurrió el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, Guaviare, contra integrantes de las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”.
Medicina Legal informó que recibió 10 cuerpos provenientes del operativo, incluidos los de tres menores. El Ministerio de Defensa señaló que entre los fallecidos había dos menores de 15 años y uno de 16, además de reportar la captura de un adulto y el rescate con vida de otro menor.
Dicha dependencia aseguró que el ataque cumplió con los estándares legales para operaciones aéreas y calificó el reclutamiento forzado de menores como un crimen de guerra y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.
Confirmación de muertes reaviva debate sobre bombardeos
La confirmación de las muertes reavivó el debate sobre los riesgos de realizar bombardeos contra campamentos donde podría haber menores reclutados.
La congresista opositora Verónica Estrada exigió explicaciones sobre la información de inteligencia disponible antes del ataque, la evaluación realizada para autorizarlo y las medidas adoptadas para proteger a los menores.
“Los niños reclutados no dejan de ser víctimas porque un grupo armado los haya llevado a la guerra”, señaló.
La Defensoría del Pueblo también ha pedido reforzar las medidas de protección para niños y adolescentes reclutados por grupos armados. Según datos difundidos por el organismo, al menos 97 menores fueron reclutados forzosamente entre enero y julio.
El gobierno de De la Espriella, que asumió el poder el 7 de agosto con una política de mano dura contra los grupos armados, al priorizar las operaciones militares y cerrar las mesas de diálogo de paz impulsadas por su antecesor Gustavo Petro.