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De la Espriella pone fin a la ‘paz total’ de Petro

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella canceló los diálogos de la ‘paz total’ y anunció mayor presión contra los grupos armados

Por Ángeles Núñez | 11 Septiembre 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes el cierre de los diálogos y espacios de sometimiento que permanecían activos de la política de ‘paz total’ implementada por su antecesor, Gustavo Petro.

La decisión cumple una de sus principales promesas de campaña y representa un cambio en la estrategia del Gobierno colombiano frente a las organizaciones armadas, algunos de cuyos procesos habían avanzado hasta la concentración y entrega de armas.

“Se acabó la falsa paz”, afirmó De la Espriella en X, al advertir que durante su administración los grupos criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad.

¿Qué diálogos fueron cancelados?

La determinación contempla el cierre de las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

También terminarán los espacios de conversación sociojurídica establecidos con grupos de Medellín y el Valle de Aburrá, en Antioquia; Quibdó, en Chocó; y Buenaventura, en Valle del Cauca.

El nuevo Gobierno argumentó que los mecanismos heredados de la administración anterior no produjeron avances suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.

El proceso de desarme en Putumayo queda en pausa

Uno de los casos afectados por el cambio de estrategia es el de los Comandos de Frontera, organización perteneciente a la CNEB.

Durante el Gobierno de Petro, integrantes de este grupo avanzaron en un proceso de desarme que llevó a 99 miembros a concentrarse en junio pasado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador.

El espacio fue creado para facilitar la transición de los integrantes de la organización hacia la vida civil y contaba con mecanismos de monitoreo y acompañamiento institucional.

Sin embargo, De la Espriella ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026, estableciendo el 30 de septiembre como fecha límite para desmontar la zona.

El Ejecutivo colombiano señaló que los integrantes de los grupos armados que demuestren una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán someterse a la Justicia.

En contraste, quienes continúen ejerciendo violencia contra la población serán enfrentados por la Fuerza Pública, de acuerdo con la nueva estrategia anunciada por el Gobierno.

De la Espriella apuesta por una estrategia de fuerza

El presidente llegó al cargo con la promesa de adoptar una postura más dura frente a guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados y delincuenciales, en oposición a la política de ‘paz total’ impulsada durante el mandato de Petro.

Durante su primer mes en la Presidencia, De la Espriella ha defendido la aplicación de una “mano de hierro” contra estas organizaciones y ha planteado enfrentarlas mediante las armas y las leyes de la República.

La Administración de De la Espriella también cuestionó el gasto asociado con los procesos de diálogo desarrollados durante el Gobierno anterior.

Según el nuevo Ejecutivo, estos mecanismos representaron un despliegue institucional y económico cercano a 7 mil millones de pesos, equivalentes a unos 2.2 millones de dólares.

La cifra corresponde a pagos de honorarios para voceros, representantes y negociadores, sin incluir los gastos relacionados con seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros costos.

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