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España aprueba medidas para limitar desalojos por huelga nacional
El decreto contempla frenar los incrementos de alquiler cuando las rentas superen el precio de referencia establecido por el índice gubernamental
Por Diana Valeria Leyva | 12 Noviembre 2026
El Parlamento de España aprobó este jueves un paquete de medidas de vivienda para limitar los desalojos y combatir la especulación inmobiliaria, un día después de una huelga general y manifestaciones multitudinarias por el aumento del costo de la vivienda en el país.
Sin embargo, la continuidad de las disposiciones podría depender del resultado de las elecciones nacionales previstas para el 29 de noviembre, debido a que el conservador Partido Popular (PP) anunció que derogará las medidas si llega al poder.
“El derecho de la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas”, afirmó la ministra interina de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su intervención ante los legisladores, en referencia a las protestas del miércoles y a los próximos comicios.
El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez había intentado aprobar las medidas en octubre, después de que aumentara la indignación pública por el encarecimiento de los alquileres, tras el desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid y su posterior fallecimiento.
No obstante, el PP y otros partidos conservadores rechazaron entonces la propuesta. Días después, Sánchez respondió convocando elecciones anticipadas.
¿Qué medidas de vivienda aprobó el Parlamento español?
El Gobierno dividió el paquete en dos decretos para facilitar su aprobación. El primero consiguió el respaldo de la cámara baja interina por 35 votos a favor y 34 en contra, mientras que el segundo fue rechazado por 34 votos a favor y 35 en contra.
La cámara interina está integrada por 69 miembros, frente a los 350 que conforman el Parlamento ordinario, disuelto tras la convocatoria de elecciones.
Entre las disposiciones aprobadas destaca la ampliación de las protecciones contra los desalojos para inquilinos que los servicios sociales consideren en situación de vulnerabilidad económica o social, siempre que las autoridades regionales no puedan ofrecerles una vivienda alternativa. Esta medida tendrá vigencia hasta 2030.
Otro de los puntos busca limitar la especulación inmobiliaria mediante restricciones a las empresas involucradas en el mercado de vivienda, al impedirles comprar propiedades por menos del 70% de su valor.
Además, el decreto contempla frenar los incrementos de alquiler cuando las rentas superen el precio de referencia establecido por el índice gubernamental para cada barrio.
También incluye un impuesto del 10% a los apartamentos destinados al alquiler turístico, como los ofrecidos mediante plataformas digitales como Airbnb, así como incentivos fiscales para fomentar el arrendamiento y préstamos respaldados por el Gobierno para cubrir los pagos iniciales de viviendas residenciales.
Rechazan contratos de alquiler indefinidos
El segundo decreto, que no consiguió los votos necesarios, contemplaba que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a voluntad de los inquilinos.
La propuesta también establecía que, si los propietarios decidían terminar los contratos, tendrían que compensar a los arrendatarios con el equivalente a un año de alquiler. Sin embargo, varios legisladores argumentaron que la medida podría provocar que los propietarios retiraran inmuebles del mercado de arrendamiento, reduciendo la oferta y elevando los precios.
El decreto fue rechazado después de que un partido vasco de centroderecha votara junto al bloque conservador, pese a haber respaldado la primera propuesta.
“Ha prometido vivienda y ha hecho toneladas de demagogia”, expresó el diputado del PP Sergio Sayas a la ministra Isabel Rodríguez.
Por su parte, el Partido Popular se comprometió a impulsar la construcción de un millón de viviendas, reducir impuestos y simplificar los trámites burocráticos para el desarrollo inmobiliario si regresa al Gobierno, después de ocho años de administraciones encabezadas por los socialistas.