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Perú interviene cinco penales ligados al crimen organizado
La Policía Nacional de Perú estará encargada de mantener el orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en la protección de las instalaciones
Por Sergio Villarreal | 05 Septiembre 2026
El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, ante el riesgo que representa la concentración de integrantes de organizaciones criminales, la sobrepoblación carcelaria y la operación de actividades ilícitas desde el interior de las prisiones.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM, firmado por la presidenta Keiko Fujimori y publicado este sábado. Su aplicación responde a una situación de perturbación de la paz y el orden interno dentro del sistema penitenciario.
¿Cuáles son los cinco penales declarados en emergencia?
La intervención comprende los establecimientos de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Trujillo Varones, en La Libertad; así como Miguel Castro Castro y Ancón I, ambos ubicados en Lima.
De acuerdo con el análisis que sustenta el decreto, estos cinco centros concentran aproximadamente al 50% de los internos relacionados con organizaciones criminales, por lo que fueron clasificados como espacios que requieren atención prioritaria y mayores controles de seguridad.
Las autoridades identificaron riesgos relacionados con la coordinación de extorsiones, asesinatos por encargo y tráfico de drogas desde las cárceles, además de motines, riñas, intentos de fuga y afectaciones a la vigilancia perimetral.
Policías y militares reforzarán el control penitenciario
Durante los 60 días de emergencia, la Policía Nacional de Perú estará encargada de mantener el orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en la protección de las instalaciones y sus alrededores.
La intervención abarcará un radio de hasta 200 metros desde los límites exteriores de cada penal e incluirá vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato, controles de acceso y labores de inteligencia para prevenir fugas y actividades delictivas.
También se realizarán operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos. El Instituto Nacional Penitenciario conservará la administración y custodia de los establecimientos durante el régimen de excepción.
En las zonas incluidas en la declaratoria podrán restringirse los derechos de tránsito, reunión, libertad y seguridad personal de quienes ingresen o circulen por los penales y sus perímetros. La disposición establece que deberán respetarse los derechos esenciales de las personas privadas de la libertad, entre ellos la vida, integridad, salud, defensa y debido proceso.
Sobrepoblación y déficit de personal agravan la crisis
El diagnóstico oficial reporta que el sistema penitenciario peruano registra una sobrepoblación del 156%, además de una proporción aproximada de 45 internos por cada agente de seguridad penitenciaria.
A esta situación se suma el hallazgo reiterado de celulares, armas y antenas clandestinas, a pesar de las inspecciones efectuadas dentro de los centros de reclusión. Las autoridades consideran que estas condiciones facilitan que estructuras criminales mantengan comunicación con integrantes ubicados en el exterior.
La decisión forma parte de la política de seguridad impulsada por el Gobierno de Fujimori para combatir al crimen organizado, el narcotráfico y las operaciones delictivas dirigidas desde las prisiones.
El impacto de la inseguridad también representa un desafío económico para Perú. Cálculos gubernamentales realizados en 2025 estimaron que su costo equivale al 1.7% del Producto Interno Bruto, aproximadamente 5 mil millones de dólares anuales.