Aplauden nuevas armas ciudadanas

La reforma que amplió los conceptos de legítima defensa es una muestra de que las autoridades ejecutivas han fallado en el combate al crimen, consideraron diputados federales por Nuevo León.

En entrevista por separado, el asambleísta del PRD Waldo Fernández y el del PAN, Adrián González, coincidieron que es urgente que se replanteen las estrategias de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno.

Fernández sostuvo que la enmienda aprobada el lunes, así como los planteamientos en materia de permitir portar armas a los ciudadanos, muestran un hartazgo de la sociedad.

“Es un reflejo de la incertidumbre del coraje y de la molestia la gente. Me parece que todas las iniciativas que vayan en contra de una visión pacifista del ser humano a la larga se nos pueden revertir y hay que tener cuidado.

“Sí es un mensaje para nuestras autoridades estatales, municipales y federales, de que el ciudadano se empieza a desesperar”, puntualizó el legislador postulado por el PRD.

Exige actitud responsable

Por su parte, el panista Adrián González apuntó que la redacción de la enmienda no es una carta libre para lesionar o asesinar a alguien que se mete a una vivienda, ya que se establecieron excepciones como lo son el exceso de legítima defensa.

“El tener un arma no es un juguete, es una responsabilidad, y esa responsabilidad va unida con ciertos requisitos y autorizaciones.

“Sí falta mucha inversión en el tema de seguridad. En este gobierno no hemos visto una estrategia específica en materia de seguridad, los penales han estado desordenados, hay cosas que no se están atendiendo con claridad”, enfatizó González.

Ante la incapacidad de las autoridades para disminuir los delitos de carácter patrimonial, el Congreso de Nuevo León otorgó ‘‘armas’’ a la población, con una serie de reformas que le permitirán defender a su familia y sus propiedades sin ir a la cárcel, aunque provoquen daño grave o la muerte a algún delincuente.

El lunes, los diputados locales avalaron reformas al artículo 17 del Código Penal del estado, con la finalidad de regular la legítima defensa.

Con esto, los ciudadanos tendrán respaldo legal para no ser procesados como criminales si actúan en defensa de su patrimonio o su familia.