Abren juicio contra cuatro tras protesta por agua en Guadalajara

Una autoridad judicial comenzó este viernes un juicio por infracciones contra la autoridad y lesiones en contra de cuatro individuos arrestados después de la manifestación del pasado domingo por el agua contaminada en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco (oeste).

La organización defensora de los derechos humanos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló que los cuatro hombres, arrestados por la policía en una manifestación frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador estatal Pablo Lémus, fueron vinculados hoy a un proceso penal.

En México, la vinculación a proceso es una resolución judicial que se toma durante la audiencia inicial y tiene como finalidad establecer si hay pruebas y elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal formal en contra de un individuo.

La ONG afirmó que "hoy el Poder Judicial apoyó la criminalización de la protesta social" después de terminar la audiencia de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez.

El Cepad agregó: "Desgraciadamente, el juez ha relacionado a los que se han expresado en defensa de su derecho al agua con delitos y lesiones contra representantes de la autoridad".

El Centro solicitó la "liberación total de las acusaciones" y afirmó que "no se debe condenar a nadie por ejercer su derecho a protestar".

La ONG aclaró que los cuatro afrontarán su proceso en libertad, bajo medidas cautelares que implican la obligación de firmar periódicamente ante un juez.

Los defensores de los acusados, los abogados del Cepad, también indicaron que la resolución del juez "dejó de lado las pruebas" que sus defensores habían presentado.

De acuerdo con la cifra oficial, 39 personas fueron detenidas por la policía antimotines el pasado domingo en Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México. Esto sucedió cuando aproximadamente 10.000 residentes del área metropolitana protestaban por el agua contaminada que recibían en sus hogares; los oficiales utilizaron gases lacrimógenos, chorros de agua y violencia física contra ellos.

El lunes, el gobernador Lemus respaldó las acciones de los policías antimotines que, según él, habrían reaccionado ante "un grupo de choque" compuesto por alrededor de cuatrocientas personas que habrían causado "un conflicto".

Al día siguiente y bajo el peso de la presión pública, el presidente admitió "graves fallos" y "errores" en la operación policial, donde se registraron "detenciones injustas" y "excesiva fuerza", y comprometió una investigación.

Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad de Jalisco (oeste de México), comunicó el jueves que se estaba llevando a cabo una investigación sobre diecisiete policías estatales por supuestas prácticas abusivas de la fuerza durante la manifestación ciudadana.

Ese mismo día, Claudia Sheinbaum, la mandataria de México, comunicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había iniciado una pesquisa acerca de los atropellos policiales en el transcurso de la manifestación, en la que también está involucrada la Secretaría de Gobernación.