Defensa de exmarinos Farías responde a FGR y cuestiona cateo

La defensa de los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna respondió a la Fiscalía General de la República por la información difundida sobre el cateo de una bodega arrendada presuntamente por Manuel Roberto y sostuvo que la diligencia no puede presentarse como un hallazgo reciente, debido a que la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026.

El abogado Epigmenio Mendieta afirmó que la versión presentada por la FGR es parcial y pidió que la investigación sobre el llamado huachicol fiscal incorpore todas las líneas disponibles, con acceso completo a la carpeta y a la evidencia relacionada con el caso.

“En el inmueble no fueron localizadas armas, ni documentos confidenciales de seguridad nacional, y los documentos que se le pretenden atribuir, no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando Farías Laguna, si no por el ex Secretario de Marina”, dice la tarjeta informativa que circuló a la prensa.

Los abogados solicitaron además acceso a documentos que, según su postura, se encuentran en poder de la Secretaría de Marina, así como una revisión de los criterios utilizados para reservar o clasificar información bajo argumentos de seguridad nacional.

“Rafael Ojeda Durán deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió, y particularmente si es verdad o no, que recibió al contralmirante Rubén Guerrero”, dijo.

Entre los puntos que los abogados pretenden esclarecer se encuentra también qué acciones tomó Ojeda Durán después de conocer esa información y si recibió al contralmirante Rubén Guerrero, aspecto que la defensa considera relevante dentro de la investigación.

Otro de los argumentos planteados por la defensa es que una estructura dedicada presuntamente al contrabando de combustibles habría tenido que superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales.

Con ese planteamiento, los abogados de los exmarinos pidieron que la FGR amplíe las líneas de investigación y determine de manera individual la eventual responsabilidad de cada persona involucrada, bajo las reglas del debido proceso y con acceso a la evidencia.