Desafueran a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en Veracruz

El Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con lo que ambos podrán ser investigados y, en su caso, procesados por la Fiscalía General del Estado por los delitos que se les atribuyen.

La decisión fue aprobada con 40 votos a favor y ocho en contra durante dos sesiones extraordinarias celebradas a puerta cerrada. Los diputados determinaron que existían elementos suficientes para permitir que las investigaciones continúen sin la protección constitucional de la que gozaban ambos presidentes municipales.

El Congreso precisó que el desafuero no implica una declaración de culpabilidad, sino que elimina el fuero para que las autoridades ministeriales y judiciales puedan continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, ocurrida el pasado 14 de mayo.

Antes de que concluyera la votación, el edil abandonó el recinto legislativo. En el exterior permanecían vehículos de la Fiscalía General del Estado, aunque no fue detenido. Tras el desafuero, Pedro de Jesús Rosado Guzmán podría asumir la presidencia municipal como alcalde suplente.

En tanto, Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, enfrenta señalamientos por su probable participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, investigación por la que ya existen ocho personas detenidas. De concretarse su separación del cargo, Juliana Ruiz Martínez asumiría la alcaldía.

Previo a la sesión, los abogados de ambos ediles acudieron al Congreso y adelantaron que analizarían promover amparos ante la justicia federal para evitar una posible orden de aprehensión una vez retirada la inmunidad procesal.

Izaskún Moreno, representante legal de Raúl González Martínez, afirmó que la Fiscalía ya estaría en condiciones de solicitar una orden de captura y sostuvo que la defensa trabaja en la estrategia jurídica para impugnar el procedimiento. También calificó las acusaciones contra su cliente como un asunto de carácter político.

Movimiento Ciudadano, partido al que pertenecen ambos alcaldes, rechazó los desafueros y aseguró que forman parte de una persecución política impulsada por el Gobierno de Veracruz y Morena. La dirigencia estatal anunció que solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar seguimiento a ambos casos y vigilar el respeto al debido proceso.