Destruyen 721 tragamonedas ligadas al crimen en Michoacán

Autoridades de Michoacán destruyeron 721 máquinas tragamonedas aseguradas durante distintos operativos realizados a lo largo del año, una acción con la que buscan debilitar las finanzas de grupos delictivos que obtenían importantes ganancias mediante estos equipos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las máquinas representaban una fuente de ingresos ilícitos superior a los 100 millones de pesos anuales para organizaciones criminales que operan en diversas regiones de la entidad.

Golpe a las finanzas del crimen

Durante el acto de destrucción de los aparatos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la estrategia de seguridad en Michoacán no se limita a la captura de personas involucradas en actividades delictivas, sino que también busca eliminar los mecanismos de financiamiento que permiten la operación de estos grupos.

El mandatario señaló que afectar las fuentes de recursos económicos de la delincuencia organizada es una parte fundamental para reducir su capacidad de acción y fortalecer la seguridad en el estado.

Máquinas generaban millones cada mes

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez, explicó que las investigaciones permitieron estimar que cada una de estas máquinas producía alrededor de 12 mil pesos mensuales.

Con base en esos cálculos, las 721 tragamonedas aseguradas generaban ingresos superiores a 8.6 millones de pesos al mes, lo que representa más de 100 millones de pesos al año que presuntamente eran destinados al financiamiento de actividades ilícitas.

El funcionario destacó que retirar estos equipos de circulación constituye un golpe directo a la estructura económica de las organizaciones criminales que operan en la entidad.

Las máquinas fueron aseguradas durante operativos desplegados en los municipios de Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Quiroga, Maravatío, Morelia, Zamora, Queréndaro y Arteaga.

Las acciones fueron resultado de trabajos coordinados entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades federales.