Dictan prisión preventiva a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa y permanecerá en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que el juez federal Mario Elizondo Martínez rechazó concederle la reclusión domiciliaria.

Durante la audiencia, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el juzgador consideró que existe riesgo de que el exmandatario estatal se evada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, por los que podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.

Aguirre Rivero es señalado por presuntamente haber ordenado el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

De acuerdo con la acusación presentada por la FGR, el entonces gobernador habría ordenado ocultar y destruir evidencias de lo ocurrido frente al Palacio de Justicia de Iguala con un grupo de normalistas que viajaba en el autobús 1531.

El Ministerio Público sustentó parte de la imputación en los testimonios de Blanca N, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad.

Según sus declaraciones, el 29 de septiembre de 2014, Blanca y Lambertina recibieron de Isaías Rodríguez, entonces encargado del área de informática del tribunal, un sobre que contenía un disco con videos de los hechos.

En las imágenes, de acuerdo con la relatoría de la FGR, se observa a policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligando a un grupo de normalistas a descender del autobús en el que viajaban, para después ser desaparecidos.

La ex visitadora habría entregado el disco a Aguirre Rivero, quien presuntamente se lo dio al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para que se hiciera cargo del material.

Un día después, el 30 de septiembre, el gobernador habría convocado a sus colaboradores más cercanos, entre ellos Blanca N, y ordenado destruir las evidencias relacionadas con lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre.

Las dos exfuncionarias declararon que consideraban a Aguirre una persona peligrosa y señalaron que él y su sobrino Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como su asesor, tenían presuntos vínculos con grupos criminales.

El exgobernador acudió a la audiencia en silla de ruedas y manifestó que, tras su detención, presentó complicaciones relacionadas con la hipertensión. Su defensa pidió que enfrentara el proceso bajo reclusión domiciliaria debido a su edad y estado de salud, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio.

En un principio, Aguirre Rivero se reservó su derecho a declarar. Más tarde tomó la palabra para expresar su pesar por lo ocurrido con los normalistas y sostuvo que siempre colaboró con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Tras la audiencia, la FGR sostuvo que las investigaciones acreditaron la presunta participación de Aguirre Rivero y de otros servidores públicos estatales de alto nivel en el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a establecer el paradero de los estudiantes.

LAS CLAVES DEL CASO

    • 26 de septiembre de 2014: Desaparecen 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
    • Acusación: Obstrucción de la justicia y desaparición forzada.
    • Pena: Hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la imputación de la FGR.
    • Medida cautelar: Prisión preventiva oficiosa.
    • Reclusión: Penal de máxima seguridad de El Altiplano.
    • Evidencias: La FGR señala el presunto ocultamiento y destrucción de videos y otros elementos relacionados con los hechos.
    • Testimonios: Dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero sustentan parte de la acusación.
    • Defensa: Solicitó reclusión domiciliaria por edad y estado de salud, pero fue rechazada por el juez.