Excontraalmirante Farías enfrenta acusación por red de huachicol

Tras su expulsión de Argentina, El excontraalmirante Fernando Farías Laguna enfrentará desde el penal del Altiplano, donde también está preso su hermano Manuel Roberto, una acusación que coloca a ambos en el presunto mando de una red de huachicol fiscal con control sobre áreas estratégicas de las aduanas. La orden de aprehensión les atribuye funciones de administración, dirección o supervisión y recoge señalamientos de un testigo protegido, quien declaró que recibía 1 millón 750 mil pesos por cada buque que ingresaba a Tampico para repartirlos entre quienes participaban en la operación

La orden fue librada el 19 de agosto de 2025 dentro de la causa penal 325/2025 por la probable comisión de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y alcanza a Fernando Farías Laguna, a su hermano Manuel Roberto y a otras 11 personas, mientras que a ambos y a otros cuatro imputados se les atribuyen presuntas funciones de administración, dirección o supervisión, para quienes la ley contempla penas de 20 a 40 años de prisión, que pueden aumentar por tratarse de servidores públicos.

La acusación que lo espera en México

Entre los elementos incorporados a la carpeta de investigación aparece la declaración del testigo colaborador identificado como “Santo”, quien aseguró que cargos dentro de la Aduana de Tampico tenían el visto bueno de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados en el medio naval como “Los Primos”, y señaló a Miguel Ángel Solano Ruiz, “NK”, como la persona que presuntamente entregaba pagos por el ingreso ilegal de hidrocarburos descargados de buques que eran declarados como otras sustancias, entre ellas aditivos para aceite, mientras otra parte de su testimonio refiere entregas de dinero después de las operaciones bajo el supuesto respaldo de los hermanos Farías y otros funcionarios.

La investigación también contiene análisis que atribuyen a los hermanos la creación de una estructura con influencia sobre áreas estratégicas de las aduanas y plantea sospechas sobre movimientos financieros y patrimoniales de Fernando Farías, pero el propio expediente incorpora elementos que muestran que la acusación no es una historia de una sola versión, pues Fernando Rubén Guerrero Alcántar relató reuniones en las que Fernando y Manuel Roberto negaron estar involucrados y en una de ellas se concluyó que Clímaco Aldape y Miguel Ángel Solano habrían actuado por su cuenta abusando de su confianza, postura que deberá ser confrontada con las pruebas de la Fiscalía durante el proceso y sin que hasta ahora exista una sentencia contra Fernando Farías.

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy sostuvo que la investigación comenzó en 2024 después de que la Secretaría de Marina entregó a la entonces conducción de la FGR indicios sobre operaciones relacionadas con esa presunta red y señaló que el aseguramiento en marzo de 2025 de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, permitió avanzar en el caso, mientras días después fue detectada una operación similar en Ensenada, Baja California, con otro buque que habría introducido cerca de ocho millones de litros de combustible, dentro de un esquema que presuntamente utilizaba revisiones y pedimentos manipulados para declarar los hidrocarburos como aceites o aditivos y evadir impuestos.

Las indagatorias ubicaron operaciones relacionadas con ese esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, y la fiscal informó que hasta ahora han sido detenidas y presentadas ante autoridades judiciales otras 15 personas, entre ellas 12 exservidores públicos, además de que sólo por uno de los aseguramientos calculó una afectación superior a 340 millones de pesos para la presunta organización y reportó el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, mientras el Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones y ha solicitado nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces relacionados con la distribución de combustibles en seis estados.

La defensa alegó persecución y riesgo de muerte

Antes de ser expulsado, Farías desplegó una ofensiva legal en Argentina y su abogado Pablo Hourbeigt presentó el 18 de agosto un Recurso Jerárquico contra la Disposición SDX número 44108, resolución migratoria que había declarado irregular su permanencia, ordenado su expulsión y prohibido permanentemente su reingreso a ese país, mientras la defensa argumentó que no había podido combatir oportunamente la medida porque permaneció privado de la libertad en el penal de Ezeiza, sometido a un régimen de alta seguridad, con restricciones de comunicación, visitas y acceso a asesoría especializada en materia migratoria.

El recurso llevó la confrontación hasta la presidenta Claudia Sheinbaum al sostener que sus declaraciones públicas constituyeron un prejuzgamiento, particularmente cuando, según el escrito, señaló que Roberto Farías “tiene responsabilidad” en los hechos investigados, y la defensa vinculó ese argumento con el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar el 8 de noviembre de 2024, a quien presenta como una persona que había alertado sobre irregularidades y que, de acuerdo con su versión, había exculpado previamente a Fernando y a su hermano, elementos con los que el abogado construyó su argumento de que el regreso a México implicaba un riesgo para su integridad y su vida.

La defensa sostuvo incluso que Fernando Farías “no es un criminal común, sino más bien se trata de un caso de persecución política” y enumeró homicidios y fallecimientos de personas relacionadas directa o indirectamente con investigaciones sobre aduanas, combustibles y huachicol fiscal para justificar su temor, además de asegurar que su salida de México y posterior ingreso a Argentina respondieron a la búsqueda de protección internacional y no a una intención delictiva, mientras las autoridades migratorias argentinas tomaron en cuenta, entre otros elementos, que habría utilizado documentación presuntamente apócrifa, la existencia de la ficha roja de Interpol y el procedimiento de extradición; Farías solicitó refugio el 6 de mayo e invocó el principio de no devolución para intentar impedir su regreso mientras se resolvían definitivamente esos recursos.

De Buenos Aires al Altiplano

Horas antes de que se concretara el traslado, Mónica Gámez, esposa del excontraalmirante, difundió un video en el que informó que Fernando todavía se encontraba en Buenos Aires y pidió a las autoridades mexicanas garantizar su integridad durante el viaje y a su llegada al país, además de defender su inocencia y reclamar un debido proceso al señalar que llevaba más de 30 años de servicio en la Marina y más de un año sin ver a sus hijos: “Queremos que se haga justicia. Mi esposo es inocente”, expresó antes de que comenzara el operativo para sacarlo de Argentina.

Farías había sido detenido en Argentina el 23 de abril por la ficha roja de Interpol y el 21 de mayo México formalizó la solicitud de extradición, pero finalmente las autoridades argentinas ordenaron su expulsión y lo entregaron a representantes de la FGR para su traslado a México. 

Ya durante el operativo, un video difundido por las autoridades mostró a un hombre con el rostro difuminado, presentado oficialmente como Fernando Farías, vestido con pantalón claro y playera verde, escoltado por agentes en instalaciones aeroportuarias y posteriormente dentro de la aeronave acompañado por personal de seguridad y elementos de la Marina.

El destino final fue confirmado por Ernestina Godoy y coloca a los dos hermanos dentro del mismo complejo federal en Almoloya de Juárez, pues Manuel Roberto Farías Laguna ya se encuentra recluido en el Altiplano y Fernando será puesto ahí a disposición del juez de control que lo requirió.