Lemus señala a intereses externos tras cuestionamientos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, evitó responder directamente a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una presunta coordinación entre grupos violentos de manifestantes y autoridades policiales. En un video difundido en redes sociales, el mandatario atribuyó los hechos a supuestos intereses externos y reiteró que quienes protagonizan estos actos no serían originarios del estado.

“No podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco. En Jalisco no somos así, queremos y cuidamos nuestro estado. A nadie en Jalisco le conviene seguir en la confrontación, aunque algunos así lo crean. Debemos cerrar filas y cerrarles las puertas de Jalisco a los violentos”, expresó Lemus, integrante de Movimiento Ciudadano (MC).

El gobernador tampoco abordó de manera directa las observaciones de la CNDH, que señaló una posible coordinación entre manifestantes violentos y elementos policiales. 

El organismo también manifestó suspicacias por la ausencia, hasta el lunes, de quejas de personas detenidas o de sus familiares.

En cambio, Lemus destacó que, durante la movilización del domingo 18 de octubre, las autoridades y los participantes pacíficos habrían impedido la infiltración de grupos de choque. Aseguró que no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados, aunque denunció daños a edificios públicos y comercios.

De acuerdo con su relato, los participantes violentos dañaron tres puertas del Palacio de Gobierno, rompieron ventanas, arrojaron piedras, destruyeron cámaras de seguridad y realizaron pintas en los muros del inmueble y de la Catedral de Guadalajara. 

También afirmó que se lanzaron explosivos contra los accesos del Congreso estatal y del Palacio de Justicia.

En los días previos, cuentas de redes sociales señaladas como bots o simpatizantes de Movimiento Ciudadano difundieron mensajes contra la CNDH. Estas publicaciones surgieron antes de que el organismo atrajera el caso de presuntas torturas ocurridas en Casa Jalisco el 11 de octubre, asunto que podría derivar en señalamientos contra la administración estatal.

El gobierno de Jalisco reportó un saldo preliminar de diez personas detenidas y 15 policías estatales con lesiones leves tras los hechos del domingo. 

Además, estimó en alrededor de $15 millones de pesos los daños al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano.