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PAN exige recuperar territorios bajo control criminal
Jorge Romero plantea fortalecer instituciones, combatir recursos ilícitos y evitar complicidades entre autoridades y organizaciones delictivas
Por Eduardo Rojas | 04 Octubre 2026
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, llamó a recuperar las comunidades, carreteras y espacios públicos donde, según afirmó, el crimen organizado ha impuesto condiciones a la población.
El dirigente panista sostuvo que la crisis de seguridad no debe medirse únicamente por homicidios y enfrentamientos, sino también por la influencia que los grupos delictivos ejercen sobre la vida cotidiana de las familias.
Romero Herrera señaló que en distintas regiones las organizaciones criminales cobran cuotas, controlan actividades económicas y condicionan la movilidad de las personas, mientras la autoridad pierde presencia y capacidad de respuesta.
“Esto ya no se trata solamente de cifras. Estamos hablando de lugares donde el ciudadano sabe perfectamente quién manda y muchas veces no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que revertir”, afirmó.
El líder del PAN consideró que recuperar el control territorial implica fortalecer las instituciones y garantizar su capacidad para responder ante las amenazas del crimen organizado.
También planteó combatir las finanzas de estas organizaciones y establecer medidas para impedir vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.
Romero Herrera advirtió que cuando las organizaciones criminales sustituyen funciones del Estado o consiguen influir sobre autoridades, también se afecta el ejercicio de las libertades y la soberanía.
“No puede haber libertad donde gobierna el miedo, ni soberanía donde mandan los criminales”, sostuvo.
¿Qué propone el PAN para enfrentar al crimen?
El dirigente panista afirmó que la estrategia de su partido en materia de seguridad contempla fortalecer las instituciones, utilizar inteligencia y combatir financieramente a las organizaciones criminales.
También planteó aplicar una política de cero tolerancia frente a posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, como parte de las medidas para recuperar la presencia de las autoridades en las zonas donde el crimen organizado ejerce influencia.