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Recuperan $48,000 millones por contrabando de combustibles
El Gobierno federal estima que el contrabando y evasión fiscal de combustibles causaron una afectación de $61,000 millones de pesos por IEPS no pagados en 2025
Por Emmanuel Escamilla | 21 Octubre 2026
El Gobierno federal estima que el contrabando de combustibles provocó en 2025 una afectación de alrededor de $61,000 millones de pesos por impuestos no pagados.
Hasta septiembre de 2026, las acciones de fiscalización permitieron recuperar $48,000 millones, mientras las autoridades preparan medidas para vigilar la importación, comercialización y venta de gasolina.
México recuperó $48,000 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) hasta septiembre de 2026, como parte de la estrategia contra el contrabando de combustibles y el llamado huachicol fiscal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria federal señaló que durante 2025 se detectó una afectación estimada en 61 mil millones de pesos por IEPS que habría dejado de pagarse debido a operaciones irregulares en la importación y comercialización de hidrocarburos.
“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, afirmó durante la conferencia matutina de este miércoles.
El plan federal busca recuperar los impuestos evadidos y cerrar espacios para las operaciones ilegales a lo largo de la cadena de suministro, desde la entrada de los combustibles al país hasta su distribución y venta en gasolineras.
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Monitorean importaciones y movimientos de combustible
Como parte de las medidas, el Gobierno creó un Centro de Monitoreo de Combustible en coordinación con distintas autoridades, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y su contraparte en Estados Unidos.
El sistema concentra información para identificar cuántos buques llegan al país y qué cantidades de gasolina transportan. La base de datos está vinculada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ANAM, y permite revisar permisos de importación, así como los movimientos de tanques, ferrotanques y embarcaciones.
El seguimiento abarca las distintas etapas del mercado: importación, comercialización, distribución y expendio.
Sheinbaum explicó que, cuando se detecta alguna anomalía, las autoridades realizan inspecciones y pueden iniciar procedimientos administrativos o presentar denuncias penales, según corresponda.
“Si se encuentra una irregularidad, ya sea por el SAT, por Aduanas o por alguna de las instituciones, se hace la inspección y se hace el procedimiento administrativo y la denuncia penal, si es el caso de lo que tenga que ocurrir en el procedimiento”, indicó.
Añadió que las investigaciones han alcanzado a distintos participantes del sector, desde responsables de importar combustible hasta distribuidores.
También se han cancelado permisos de gasolineras y eliminado registros fiscales de empresas involucradas en operaciones irregulares.
“Hay grupos delictivos, podríamos decirlo así, que no necesariamente son lo que conocemos con la delincuencia organizada, que han sido detenidos desde el responsable de la importación hasta el distribuidor”, señaló.
Uno de los siguientes pasos será revisar el papel de los comercializadores, intermediarios que participan en las operaciones de compra y venta de combustibles.
El Gobierno considera que esta figura puede dificultar el seguimiento de los volúmenes y propiciar diferencias entre lo que se declara y lo que realmente se mueve en el mercado.
Indicó que se analiza modificar la legislación para reducir esos riesgos y facilitar que las empresas de transporte tengan una relación más directa con quienes importan el combustible.
“Estamos viendo incluso si es necesario cambiar leyes o lo que haya que cambiar para disminuir esta figura del comercializador, que es el que puede generar mayores desbalances”, explicó.
Detalló que las irregularidades detectadas incluyen tanto el contrabando como la emisión de facturas que no corresponden a las operaciones reales.
“¿Qué delitos están involucrados? El delito de contrabando de combustible como tal, pero también el del facturero, porque puede ser que un comercializador o incluso un expendio diga que vendió más combustible del que vendió y emita facturas”, advirtió.
De acuerdo con su explicación, existen dos mecanismos principales para evadir impuestos: declarar el combustible como si fuera otro tipo de mercancía, con el fin de evitar el pago correspondiente, o reportar un volumen menor al realmente importado para reducir la contribución fiscal.
Preparan plataforma pública y mantienen reuniones semanales
Informó que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, se reúnen dos veces por semana para definir acciones contra estas prácticas y proteger los ingresos públicos.
Además, el Gobierno plantea habilitar una plataforma digital para dar mayor transparencia a las empresas que participan en el mercado, los volúmenes de combustible y su distribución en el país.
La intención es que la información permita dar seguimiento a las operaciones y facilite la detección de inconsistencias entre las cantidades importadas, comercializadas y vendidas.
Dicha estrategia incluye acciones contra el robo tradicional de combustibles mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex.
Aseguró que este delito también ha disminuido y vinculó los esfuerzos con un proceso de modernización de la distribución de la petrolera.
“Todo lo que tiene que ver con la distribución dentro de Pemex, estamos haciendo un proceso de modernización muy intenso que nos permita en las refinerías, en la importación de Pemex, todo lo que se requiera para poder evitar cualquier delito que esté involucrado en el proceso de venta de los combustibles en México”, concluyó.