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Reportan fiscalización de apenas el 4% de los contratos del INE
La fase de revisión concluirá a más tardar el 18 de noviembre, otorgando 30 días hábiles para solventar irregularidades antes de su publicación
Por Carlos Nava | 30 Octubre 2026
Los contratos por $1.400 millones de pesos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo apenas representan el 4 % del universo total de contrataciones de la institución, advirtió el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente. Ante este panorama, el funcionario alertó que el 96 % restante debe ser exhaustivamente revisado.
Durante su comparecencia ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados —citado para explicar el estado de las indagatorias abiertas contra la expresidenta consejera Guadalupe Taddei—, el contralor señaló que las anomalías no se limitan a la actual administración, sino que se arrastran desde gestiones previas.
Focos rojos y opacidad en las contrataciones
Carvente Contreras detalló los principales indicadores de riesgo que utiliza el OIC para seleccionar los contratos sujetos a fiscalización, entre los que destacan:
Licitaciones declaradas desiertas y adjudicaciones directas reiteradas a los mismos proveedores con montos elevados frente a los precios de mercado.
Creación de firmas de reciente aparición que obtienen contratos poco después de iniciar operaciones.
Compras no previstas en el programa anual, contrataciones al cierre del ejercicio fiscal y plazos de ejecución inusualmente cortos.
Posibles vínculos y colusión entre proveedores que participan conjuntamente en los procedimientos.
Como ejemplo, mencionó una auditoría iniciada el 19 de mayo que arrojó 45 cédulas de observaciones (1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026), cuyos resultados se notificaron el 9 de octubre.
La fase de revisión concluirá a más tardar el 18 de noviembre, otorgando 30 días hábiles para solventar irregularidades antes de su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia en enero.
Indicios de triangulación y sanciones
El funcionario reportó tres contratos de asesorías, estudios e investigaciones por 3 millones 532 mil pesos, en los que se detectaron indicios de vínculos con un servidor público, posibles conflictos de interés y servicios reportados en apenas seis días sin acreditar su necesidad.
En estos casos se identificó una posible triangulación, donde el beneficiario final de los recursos no habría sido la empresa contratada originalmente.
Asimismo, el OIC sancionó a la empresa Belcrom con inhabilitación y multa económica por incumplir la entrega de 25.302 chalecos, entregando a tiempo solo 7.267 y dejando pendientes 18.035.
Finalmente, al referirse a contratos de material electoral de 2021, el contralor denunció prácticas monopólicas. Apuntó que material adquirido a un costo de cinco pesos en su cotización más baja, hoy tasado en un peso, evidencia que los proveedores actúan como oligopolios: "Si se hubiera contratado al precio más bajo de este 2026, nos habríamos ahorrado unos tres mil millones de pesos", sentenció.