Revelan red de corrupción del INE por más de $2,000 millones

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de material electoral para organismos públicos locales electorales (OPLE), con operaciones que superan los $2,646 millones de pesos entre 2014 y 2025.

La funcionaria explicó que el análisis se realizó mediante la revisión de información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, Compranet Histórico y registros empresariales. La documentación permitió rastrear antecedentes de las compañías y sus relaciones comerciales durante casi tres décadas.

También subrayó que el trabajo se basó en documentos públicos: “Todo es Fuentes Abiertas”.

De acuerdo con los datos presentados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre 2014 y 2023 se identificaron contratos por más de $2,000 millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales locales. Mientras que, de 2024 a 2025, se detectaron otros $646 millones de pesos en 15 entidades.

Advirtió que las cantidades podrían incrementarse conforme se amplíe el análisis. “Esto es un piso y de aquí para arriba los contratos se van a mover hacia arriba”, señaló.

Entre las empresas mencionadas durante la exposición se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Ceriplas de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.

Según la investigación, algunas de estas compañías habrían participado en procedimientos de contratación en los que presuntamente se simulaba la competencia mediante propuestas coordinadas y diferencias de precios que no reflejaban una verdadera disputa entre proveedores.

También señaló que, pese a que aparecían distintas razones sociales en los procedimientos, la investigación identificó posibles vínculos entre ellas y los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Los señalamientos incluyen posibles domicilios y datos de contacto compartidos, empresas sin capacidad operativa suficiente y movimientos de recursos entre distintas razones sociales. Estos elementos forman parte de las líneas de investigación y deberán ser corroborados por las autoridades competentes.

Investigación abarca contratos de organismos electorales

Cabe señalar que dicha investigación reconstruyó antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, quienes comenzaron su trayectoria en dependencias del Gobierno federal y posteriormente se vincularon con empresas proveedoras de materiales electorales.

Entre las compañías señaladas se encuentra Cartonera Plástica, que comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México en 1999. La revisión también incluyó cambios y diversificación de las empresas durante los años posteriores.

Además, se contempla contratos de organismos electorales locales, por lo que los montos expuestos no corresponden exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE). También se revisan antecedentes del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los cambios en la estructura de las autoridades electorales.

Finalmente, indicó que la información recopilada debe servir para profundizar las auditorías y esclarecer la asignación de los contratos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá que revisar los procedimientos y, en caso de encontrar elementos, determinar las posibles responsabilidades.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria también realizan revisiones relacionadas con las operaciones señaladas.

De encontrarse indicios de delitos, las investigaciones podrían derivar en denuncias ante la Fiscalía General de la República.