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Ruffo Appel va por cuarto amparo para dejar el Altiplano
La jueza federal solicitó que este expediente sea relacionado con otros recursos promovidos por Ruffo Appel debido a que existen actos reclamados vinculados
Por Salvador Maceda | 25 Agosto 2026
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, promovió un cuarto juicio de amparo para intentar que la prisión preventiva que enfrenta sea sustituida por prisión domiciliaria, después de que una jueza federal rechazó permitirle continuar fuera del penal el proceso penal abierto en su contra.
La defensa llevó el nuevo recurso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, y señaló como acto reclamado la resolución de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien negó modificar la medida cautelar impuesta al exmandatario.
Ruffo Appel permanece sujeto a proceso junto con otros siete imputados por un caso relacionado con el presunto ingreso irregular de hidrocarburos al país mediante carrotanques ferroviarios y una investigación por delincuencia organizada.
El nuevo litigio se suma a otros tres amparos promovidos desde su detención. En julio obtuvo una suspensión de plano dentro de un juicio en el que denunció presuntos actos de incomunicación y tortura.
Posteriormente, impugnó un eventual traslado fuera de Ensenada, Baja California, así como actos relacionados con su retención, incomunicación y la exhibición de una orden judicial válida.
En un tercer juicio, sus abogados reclamaron que las autoridades judiciales no analizaran de manera individual la posibilidad de aplicar el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la prisión preventiva pudiera cumplirse fuera de un centro penitenciario.
La defensa sostiene que Ruffo Appel, de 65 años, enfrenta padecimientos que requieren atención médica continua, argumento utilizado para solicitar que permanezca en su domicilio mientras continúa el procedimiento penal.
Fox respalda a Ruffo frente a la FGR
Mientras avanzan los recursos judiciales, familiares y abogados del exgobernador realizaron este martes una conferencia frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a la que acudió también el expresidente Vicente Fox.
Arturo Germán Rangel, exsubprocurador durante el gobierno de Fox e integrante del equipo de abogados, informó que participarán activamente durante la etapa de investigación complementaria para aportar pruebas con las que buscarán acreditar que Ruffo Appel no tuvo participación en los hechos que le atribuye la Fiscalía.
El abogado señaló que, después de revisar parte del expediente, la defensa sostiene que no advierte la participación del exgobernador en los delitos por los que fue vinculado a proceso, entre ellos delincuencia organizada, ilícitos relacionados con hidrocarburos y contrabando.
Durante el acto, familiares de Ruffo pidieron que el caso no se convierta en una confrontación política, mientras Vicente Fox cuestionó la actuación de las autoridades federales y criticó que el exmandatario haya sido recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Jueza revisará el amparo en septiembre
La jueza federal Azucena Lazalde Íñiguez solicitó que este expediente sea relacionado con otros recursos promovidos por Ruffo Appel debido a que existen actos reclamados vinculados entre sí. Además, concedió una suspensión provisional y programó para el próximo 21 de septiembre la audiencia constitucional, en la que deberá resolver sobre la protección federal solicitada por la defensa.
La FGR atribuye a Ruffo Appel y otros implicados la presunta operación de un esquema mediante 11 empresas para introducir ilegalmente al país 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina transportados en 163 carrotanques, con el supuesto propósito de evadir contribuciones fiscales y controles aduaneros para posteriormente colocar el combustible en el mercado nacional.
Dentro de esa investigación, las autoridades localizaron 129 carrotanques en Coahuila, 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, que contenían en conjunto más de 15 millones de litros de hidrocarburos presuntamente sin documentación que acreditara su legal estancia en el país.