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Ven trasfondo político en proceso contra el exfiscal de Chihuahua
La FGR acusa a Jáuregui de haber permitido operaciones de agentes de inteligencia estadounidenses en Chihuahua sin autorización del gobierno federal
Por Salvador Maceda | 29 Octubre 2026
La acusación por traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, tiene un trasfondo político, amenaza con deteriorar las relaciones entre México y Estados Unidos y envía un mensaje de rechazo a la cooperación internacional en materia de seguridad.
Penalistas y especialistas en seguridad advirtieron que la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene al exfuncionario en prisión preventiva en El Altiplano, sienta un precedente de extrema gravedad que podría paralizar operaciones conjuntas contra el crimen organizado en la frontera.
Eduardo Vázquez Rossainz, especialista en Seguridad Nacional y relaciones bilaterales México-Estados Unidos, consideró que el conflicto judicial rebasa la situación jurídica del exfiscal y amenaza la coordinación frente a organizaciones criminales transnacionales.
“Cuando se habla de seguridad nacional, la politización de las operaciones de seguridad para la protección del Estado siempre va a generar el peor escenario posible. Y es el supuesto en el que nos encontramos con este caso”, advirtió.
La FGR acusa a Jáuregui de haber permitido operaciones de agentes de inteligencia estadounidenses en Chihuahua sin autorización del gobierno federal, conducta que considera una violación a la soberanía nacional.
Para Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la imputación carece de sustento jurídico.
“Definitivamente este es un movimiento de orden político muy mal llevado porque están poniendo en evidencia el desconocimiento de la ley en la aplicación exacta de la ley”, sostuvo.
Woolrich Ortiz rechazó que combatir el narcotráfico mediante operaciones de seguridad implique necesariamente atentar contra la soberanía nacional.
Señaló que el exfiscal actuaba dentro de sus obligaciones al intervenir contra un presunto laboratorio clandestino de fentanilo. “El bien jurídico que tutela el delito es la soberanía y la seguridad de la nación.
En este aspecto, yo no veo que esté violentándose la soberanía bajo ninguna circunstancia cuando se está combatiendo con cuando se pretende combatir una conducta delictiva”, explicó.
La gravedad del caso también radica en la dificultad de acreditar una conducta dolosa que configure traición a la patria. Vázquez Rossainz advirtió que la FGR enfrenta una responsabilidad jurídica de enormes consecuencias y que un eventual fracaso de la acusación profundizaría el daño diplomático.
“La tragedia se va a dar en el momento en que la Fiscalía General de la República no pueda configurar el delito de traición a la patria que se convierta entonces en un asunto de sentencia de parte de un juez. La probabilidad de que logren acreditar este delito es muy remota”, afirmó.
Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad y política, identificó además intereses partidistas y electorales detrás del procedimiento penal. Consideró que la disputa política por Chihuahua ha contaminado una investigación que debería resolverse exclusivamente mediante pruebas.
“Aquí sin duda lo que vemos es un tema que se ha versado por un lado de carácter político, porque al final se han inmiscuido partidos políticos e inclusive dentro del propio panismo también tienen sus problemas que han derivado en esta situación”, señaló.
Sobre las consecuencias internacionales, Vázquez Rossainz advirtió que la acusación podría alterar la cooperación operativa con Estados Unidos, particularmente en una región donde las autoridades locales dependen del intercambio de inteligencia y de capacidades institucionales.
Al preguntarle qué mensaje envía México a su principal socio estratégico, respondió: “Pues que no estamos a la altura de los retos globales y anteponemos la agenda política sobre la agenda estratégica.
El país está inmerso en una coyuntura global de riesgos y esos riesgos de requieren forzosamente una operación conjunta a nivel táctico con las policías y los ejércitos y a nivel estratégico con las agencias de inteligencia”.
Guerrero Baena coincidió en que perseguir penalmente la colaboración internacional mediante una acusación de traición a la patria proyecta una señal negativa hacia Washington.
Planteó la necesidad de establecer reglas bilaterales claras, sin convertir las diferencias administrativas en conflictos políticos.
“Pues es un mensaje totalmente negativo, porque de entrada por principio de cuentas estamos estigmatizando la colaboración y en ese sentido es un debe de ser una colaboración estrecha”, expresó el especialista, quien insistió en establecer mecanismos jurídicos y operativos que permitan la participación de autoridades estatales.
Para Woolrich Ortiz, la actuación de la FGR y del Poder Judicial representa una interpretación equivocada de la legislación penal y puede comprometer los acuerdos de cooperación internacional.
Al referirse al mensaje que recibe Estados Unidos, respondió: “Un repudio, un repudio a la intervención o a la colaboración o a los tratados internacionales que México ha firmado para hacer un combate conjunto en contra del narcotráfico, en contra de cualquier tipo de ilícito”. El penalista sostuvo que las eventuales irregularidades administrativas no deben confundirse con un delito contra la seguridad de la nación.
El mayor riesgo, advirtió Vázquez Rossainz, es que la disputa política termine debilitando la seguridad de ambos países y favoreciendo a las organizaciones criminales que operan en la frontera.
“La probabilidad de que se rompa la relación operativa en este caso derivado de lo que sucede en Salta y los efectos van a ser catastróficos, porque hoy en día los grupos criminales se benefician de la disputa entre órdenes de gobierno y la politización de un hecho que al final de cuentas buscaba fortalecimiento de capacidades nacionales”, concluyó.