Vinculan a responsables por crimen de músico de Camilo Séptimo

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el multihomicidio de cuatro integrantes de una familia y una trabajadora del hogar, ocurrido dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Una jueza determinó que los datos presentados por la Fiscalía eran suficientes para que ambos continúen sujetos a investigación. Los imputados permanecerán en prisión preventiva en el penal de Barrientos, mientras se desarrolla el proceso penal.

La resolución fue emitida después de una audiencia en la que se analizaron testimonios, grabaciones de seguridad, dictámenes periciales y otros indicios relacionados con el crimen. La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Criptomonedas, principal línea de investigación

Las víctimas fueron el músico Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y Aleyda Romero, trabajadora del hogar de 21 años. El perro de la familia también fue encontrado sin vida dentro del inmueble.

De acuerdo con la hipótesis planteada durante el procedimiento, el posible móvil estaría relacionado con una cartera física de criptomonedas que presuntamente contenía las claves para acceder a una cantidad importante de activos digitales.

Diego Sebastián “N” mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez, circunstancia que presuntamente le permitió ingresar al conjunto residencial sin generar sospechas. Ambos habrían participado en negocios relacionados con la administración y renta de propiedades.

La investigación atribuye a Diego Sebastián “N” una posible participación directa en el ataque, mientras que Gerardo “N”, identificado como su chofer, habría colaborado en los preparativos y traslados. Las autoridades indagan además la versión de que el primero le habría ofrecido dos millones de pesos a Gerardo por ayudarlo.

Fiscalía señala posible planeación del ataque

Entre los datos presentados se encuentra información que apunta a que los preparativos comenzaron desde el 31 de agosto, un día antes del crimen. Gerardo “N” presuntamente habría recibido instrucciones para conseguir cinchos de plástico, guantes negros, cubrebocas, cinta adhesiva, desarmadores y artículos electrónicos.

Algunos de estos materiales coincidirían con los objetos empleados para someter a las víctimas, por lo que la Fiscalía considera que el ataque pudo haber sido planeado con anticipación.

Las grabaciones obtenidas en el inmueble habrían captado a uno de los acusados cuando se desplazaba por el elevador con gorra, lentes oscuros, chamarra y una mochila. También se incorporaron registros de acceso, fotografías y análisis de los movimientos realizados dentro del conjunto residencial.

El expediente incluye declaraciones de al menos cinco testigos y distintos estudios periciales. En el lugar fueron encontrados varios casquillos, los cuales quedaron bajo análisis para determinar su relación con el arma utilizada y establecer la secuencia del ataque.

Podrían enfrentar hasta 70 años por homicidio calificado

Los acusados enfrentan señalamientos por homicidio calificado cometido contra dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes por la muerte del animal.

El homicidio calificado puede ser castigado en el Estado de México con una pena de entre 25 y 70 años de prisión. A esta sanción podrían agregarse las correspondientes a los demás delitos; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha solicitado públicamente una condena específica.

La pena definitiva dependerá de los delitos que logren acreditarse, del nivel de participación atribuido a cada acusado y de la resolución que emita la autoridad judicial. La vinculación a proceso permite continuar las investigaciones, pero no constituye una sentencia de culpabilidad.

Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía y las defensas podrán presentar nuevos elementos, solicitar diligencias y ampliar los peritajes relacionados con los dispositivos electrónicos, los movimientos financieros y la presunta cartera de criptomonedas.