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Afirma Samuel García que no hay sustento en acusaciones
La controversia revivió este viernes cuando Aurelio Hernández, titular de la ASF, presentó los informes de revisión de Cuentas Públicas
Por José Luis Marroquín | 02 Noviembre 2026
Ante las nuevas acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, el gobernador Samuel García Sepúlveda reiteró que los señalamientos ya es un asunto juzgado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que legalmente no puede investigarse por segunda ocasión.
La postura del mandatario estatal, difundida mediante sus redes sociales, surge a raíz de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informara a la Cámara de Diputados sobre probables anomalías en la Cuenta Pública 2025 de Nuevo León.
Samuel García vuelve a difundir su respuesta de septiembre
Para responder a estos señalamientos, el mandatario estatal nuevamente compartió un video que publicó el 21 de septiembre de este año en el que rechaza cualquier manejo irregular de fondos públicos y cuestiona que se le relacione con la fiscalización federal.
“Sobre la comparecencia del Congreso del viernes que provocó otras primeras planas… les comparto de nuevo la respuesta que publiqué el 21 de septiembre de este año, en la que aclaro punto por punto las acusaciones”, escribió sobre el video que ya había compartido.
“Se los digo de nuevo: no tenemos nada que esconder, siempre vamos a dar la cara porque soy incorruptible”.
En su mensaje, García Sepúlveda insiste en que la contratación del despacho de su familia ocurrió años antes de que asumiera la gubernatura.
Sin embargo, lo principal en su defensa es que la Fiscalía ya cerró el expediente al decretar el no ejercicio de la acción penal, lo que invalida cualquier nueva investigación.
ASF reporta presunto desvío de recursos estatales
La controversia revivió este viernes cuando Aurelio Hernández, titular de la ASF, presentó los informes de revisión de Cuentas Públicas.
En el acto, el funcionario federal alertó sobre un presunto desvío de al menos $728.13 millones de pesos del erario estatal, mediante un esquema de triangulación que involucra contratos entre particulares, empresas proveedoras y despachos vinculados a familiares de funcionarios.