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Busca NL replicar regulación inmobiliaria contra fraudes
Plantean aplicar al sector financiero controles similares a los de preventas inmobiliarias para prevenir desfalcos y proteger el patrimonio de inversionistas
Por José Luis Marroquín | 18 Agosto 2026
La regulación de las preventas inmobiliarias se ha convertido en uno de los pocos ejemplos recientes de fortalecimiento legal para prevenir fraudes en Nuevo León. Especialistas consideran que ese mismo modelo podría replicarse en otros sectores, como el financiero, donde aún persisten vacíos que facilitan los desfalcos.
En materia de fraudes, se han registrado avances para fortalecer los controles sobre las preventas inmobiliarias, luego de una serie de investigaciones periodísticas de El Horizonte relacionadas con casos que afectaron a compradores de vivienda.
En marzo de este año entró en vigor la reforma al Código Civil que regula las preventas de casas y departamentos que aún se encuentran en etapa de proyecto o construcción.
La modificación, aprobada por el Congreso local el 17 de diciembre y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de enero, elevó a rango legal la figura de la preventa y estableció reglas específicas para este tipo de operaciones.
La reforma comenzó a aplicarse el 17 de marzo con el objetivo de brindar mayores garantías a quienes adquieren una vivienda antes de que concluya su construcción y reducir los espacios que podían ser aprovechados para cometer fraudes.
Especialistas consideran que una lógica similar podría aplicarse al sector financiero mediante la implementación de controles preventivos, mayor transparencia en las operaciones, mecanismos de identificación de riesgos y una supervisión más estricta de las empresas que reciben recursos de inversionistas.
De esta manera, el debate ya no se limita a cómo perseguir los megafraudes una vez consumados, sino también a cómo prevenirlos antes de que ocurran.
Este lunes, El Horizonte publicó que las denuncias relacionadas con megafraudes inmobiliarios y financieros en Nuevo León suelen derivar en procesos largos, costosos y complejos para las víctimas, quienes enfrentan dificultades para obtener justicia y recuperar su patrimonio.